Observan diferentes niveles de peligro en propuesta del Ejecutivo de Ley “garrote” durante pandemia

Para el abogado Jorge Vasconcellos, es la Constitución Nacional la que está en cuarentena y observa en el proyecto de ley “De emergencia sanitaria por la pandemia de covid-19”, que el Gobierno “deja relucir su veta autoritaria” y pretende mantener actitud “absolutamente autoritaria” con la que se manejó hasta ahora la pandemia al margen de la Constitición. El abogado José Casañas Levi tiene menos críticas y cree que en el caso de haber un intento autoritario, la ciudadanía no lo permitiría.

Controles policiales de cumplimiento de las restricciones sanitarias en San Lorenzo
Controles policiales de cumplimiento de las restricciones sanitarias en San LorenzoRodolfo López, ABC Color

“Este proyecto es malo por donde se lo mire”, dijo Vasconcellos, que leyó la propuesta desde su exposición de motivos hasta los artículos sancionatorios, encontrando en ellos varios elementos de alerta, así como incluso una confesión de parte de “abusos” cometidos hasta ahora.

“Cuando veo su desarrollo en el artículo 6to (el proyecto de Ley) determina las medidas sanitarias que eventualmente se puedan aplicar, lo que significa y representan un reconocimiento explícito de que las medidas sanitarias impuestas por decreto son violatorias del artículo 68 de la Constitución Nacional”, afirmó.

“Es decir, el Poder Ejecutivo desnuda su conducta donde hace 13 a 14 meses, absolutamente autoritaria, realizando una labor de legislación a través de decreto es decir, ejerciendo el poder con evidente abuso”, insistió.

Sin embargo, lo más grave que observó no es el abuso solamente de parte del Ejecutivo, sino que otros poderes como el Poder Judicial refrendaron el actuar ilegal del presidente Mario Abdo Benitez. Y también, que la propuesta de Ley, en varios de sus artículos sacan a relucir tintes autoritarios.

“Deja traducir su veta autoritaria, cuando deroga el artículo 16 de la Constitución Nacional sobre el derecho de los ciudadanos a ser juzgados por jueces y tribunales independientes, imparciales y competentes, eliminar el derecho a la recusación de los jueces sumariantes, crea una super estructura dentro del Ministerio de Salud”, cuestionó Vasconcellos.

“La guinda de la torta: modifican el Código Penal”, agregó el abogado sobre otro punto a tener cuidado ante el eventual tratamiento en el Congreso. “Dicen que -de manera transitoria- crean una categoría de hecho punible que no está contemplado en nuestro régimen, que es el hurto agravado de vacunas e insumos, como si el problema de la inmunización se tratase de una cuestión económica patrimonial”, cuestionó.

Ciudadanía y comunidad internacional no permitirán arranque autoritario

Para Casañas Levi, lo grave sería que el Ejecutivo continúe legislado al margen de una Ley y de la Constitución como lo viene haciendo ahora, e incluso consideró positivos algunos puntos del proyecto presentado.

“Es totalmente inaceptable la manera que se está haciendo (la imposición de la restricciones), que es por decreto”, consideró el abogado, que agregó que el plantear una ley regulatoria para el mismo es bueno.

“Es necesario que la competencia que hoy se están autoasignando por un decreto, se estableca en una Ley”, planteó ya que “es la manera de garantizar a las personas que tienen una norma y que se origina en el Legislativo. A partir de ahi se debatirá como cualquier Ley si atenta contra la Constitución”.

Casañas Levi agregó que en el eventual caso de que haya un intento de autoritarismo de parte del Gobierno, cree que ni la ciudadanía ni la comunidad internacional se lo permitirán. “La madurez de la sociedad paraguaya y del mundo democrático en general no permitirán que el Ejecutivo o cualquier otro poder del Estado pueda pretender monopolizar el ejercicio del poder. No veo ese escenario, no veo que se den las condiciones”, estimó.

Finalmente, entre las propuestas de sanciones, “lo que yo rescato como algo muy relevante, es la figura de la inhabilitación para personas que siendo funcionarios públicos haya intervenido en estos delitos, esa es una figura no frecuente”, dijo.

Es un debate necesario en el ámbito donde se tiene que dar, que es el ámbito legislativo. Lo que seguimos teniendo, que es la regulación de las libertades constitucionales no puede darse por decreto, tiene que haber un debate parlamentario que tuvo que haberse dado mucho antes.

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