Intiman a comerciantes a devolver el subsidio

Unos 800 comerciantes formales de las ciudades ubicadas en la frontera con Argentina fueron intimados por el Ministerio de Hacienda a que devuelvan el subsidio, con el argumento de que no les corresponde recibir la ayuda económica del Estado.

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La nota fue enviada a cada uno de los afectados vía correo electrónico, lo que generó las críticas de los beneficiarios a través de las redes sociales y medios radiales, porque son emplazados por 72 horas a reponer el dinero ya utilizado, en un momento en que no hay ventas y el error proviene de la misma cartera fiscal, que tras realizar los cruces de datos acreditó los fondos.

Algunos afectados consideran que también se debería exigir la devolución de las bonificaciones extras pagadas en el sector público (pago en Hacienda y otras entidades), otros calificaron de inoperante al gobierno de Mario Abdo Benítez y de irresponsable e incompetente a Hacienda.

La cartera fiscal, a cargo de Óscar Llamosas, a través de un comunicado señaló ayer que “en los cruces y controles realizados se han encontrado casos de personas que no reúnen los requisitos y superan los parámetros establecidos en las normativas vigentes” y, agrega, que esto tiene que ver principalmente con los datos declarados por los beneficiarios y los límites de ingresos establecidos.

Hacienda, sin embargo, no informó de esta situación ni de los errores en la depuración de la lista de potenciales beneficiarios, tampoco de las notas que fueron remitidas reclamando la devolución del dinero y sólo se supo por las críticas de los comerciantes afectados.

El comunicado señala que “en el primer pago de este programa se beneficiaron aproximadamente 22.000 trabajadores, de los cuales cerca del 3,6% de ese total está siendo notificado por los medios mencionados. En esta línea, se destaca que los sistemas utilizados son muy precisos, ya que el programa tuvo más de 131.000 formularios ingresados y los casos de errores que se está detectando solo llegan a 800”. Además, menciona que trabaja en una propuesta de modificación de ciertos artículos del decreto reglamentario, con la intención de incluir a una mayor cantidad de beneficiarios en el programa.

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