Una contradictoria e interesada medida

La decisión de las entidades binacionales Itaipú y Yacyretá, representadas hoy por Manuel María Cáceres y Nicanor Duarte Frutos como directores generales por Paraguay, es contradictoria, interesada y circunstancial.

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Contradictoria porque en la historia de Yacyretá hubo dos aperturas de las oxidadas compuertas de la binacionalidad que pretenden los gobiernos de tuno.

En 2004 pudo escucharse rechinar por primera vez las compuertas de esa “binacionalidad” debido a una forzosa apertura que la opinión pública de ambos países reclamaban.

La segunda data de junio de 2007. El entonces contralor Octavio Augusto Airaldi en una nota al director interino de la EBY, Paul Sarubbi, (el actual director, Nicanor Duarte Frutos, era entonces nada menos que Presidente del Paraguay) le decía lo siguiente: “Solicito sus buenos oficios a fin de facilitar las informaciones y documentos requeridos por los auditores para el desarrollo de los trabajos. La colaboración que presten, Ud. y los funcionarios de la entidad, tanto de Asunción como de Buenos Aires, para la ejecución de la gestión encomendada, permitirá aprovechar al máximo nuestros recursos y cumplir cabalmente con el objetivo previsto”.

Airaldi informaba a Sarubbi que él, “personalmente”, coordinará en Buenos Aires las labores de la CGR paraguaya.

... Y las compuertas se abrieron y no precisamente al conjuro del “ábrete sésamo”, ABC publicaba en la ocasión que, según trascendió, la segunda reapertura de las herméticas compuertas de la “binacionalidad” causó sorpresa incluso en la Contraloría. Técnicos independientes, cuya opinión pidió el diario, se limitaron a responder que “el interés rompe el saco”.

Interés porque en Argentina la crisis energética arrinconaba a públicos y privados y en nuestro país, de una vez por todas, se requería ordenar ante la ciudadanía el caos interno del “monumento a la corrupción”, estigma que había grabado en el frontispicio de la entidad nada menos que un presidente.

Circunstancial porque la pandemia desatada por el covid-19 es aprovechada por las autoridades de turno para cercenar algunos derechos constitucionales, por ende la transparencia, específicamente información sobre los recursos de las binacionales, cuyos desbordes terminan engordando las cuentas de los mandases de turno, y eso debe guardarse bajo siete llaves.

Por último, recordemos, los actos lesivos a los intereses de Yacyretá –también de Itaipú–, según el Art. XX del Tratado, deben ser investigados y juzgados según las leyes nacionales.

Ramón Casco Carreras

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