La normativa establece una mayoría calificada que no figura en la Carta Magna, como requisito para expulsar a un legislador que incurra en las causales previstas.
Según la ley sancionada, es necesaria una mayoría absoluta de dos tercios (30 votos en el Senado y 53 en la Cámara de Diputados) para poder expulsar a un legislador al que se le haya comprobado fehacientemente el uso indebido de influencias o alguna otra causal que figuran en la Constitución.
Según dispone el artículo 205 de la Carta Magna, el Ejecutivo tendrá, a partir del momento que reciba del Congreso la comunicación de la ley sancionada que reglamenta la pérdida de investidura, un plazo de 12 días para promulgarla o vetarla. En caso de no pronunciarse dentro de ese plazo, la promulgación es automática y la ley entrará en vigencia. Es la segunda vez en el actual periodo legislativo que las cámaras del Congreso aprueban una ley que contradice un artículo constitucional en cuanto a los requisitos para disponer la pérdida de investidura de un legislador.
Veto total en el 2019
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En la anterior oportunidad, un 3 de julio de 2019, el presidente Abdo Benítez por medio del Decreto Nº 2062 objetó totalmente el proyecto de Ley Nº 6340/2019, “De la pérdida de la investidura parlamentaria”, sancionado en ese entonces por el Congreso el 19 de junio del mismo año.
El argumento principal del veto de Abdo Benítez fue la cuestión de la mayoría que pretendían establecer y que no figura en la Carta Magna. Decía que una ley no puede establecer requisitos adicionales no previstos en la Constitución.