Los fiscales Silvana Otazú, Irma Llano y Juan Olmedo presentaron acusación contra Gregor Gustavo Brítez Cabral, por los hechos punibles de acceso indebido a sistemas informáticos y estafa mediante sistemas informáticos, y contra Carlos Gustavo Chumpitaz Palomino, a quien atribuyen el delito de producción de documentos no auténticos, para ambos en calidad de autores.
La acusación del Ministerio Público relata que Brítez Cabral recibió y cobró mediante desvíos no autorizados de fondos pertenecientes a los beneficiarios del Programa Pytyvõ, consignados por el Ministerio de Hacienda, y para ello se valió de los aparatos de terminal de venta denominados “pos” de la red de pagos de la empresa Bancard SA.
Brítez Cabral recibió y desvío acreditaciones ilegítimas, producto de transacciones no autorizadas mediante el uso del sistema denominado billetera Zimple, que fue uno de los medios de pagos establecidos por el programa Pytyvõ.
El daño patrimonial
En el sistema Bancard las transacciones aprobadas sumaron G. 369.485.332, operaciones que fueron acreditadas a la cuenta Banco Itaú de Gregor Brítez Cabral, es decir, que los fondos estaban disponibles en dicha cuenta inmediatamente ni bien era aprobada cada transacción de los beneficiarios.
Si bien logró realizar con éxito operaciones por el valor citado más arriba, los múltiples movimientos inusuales dentro de la cuenta de la firma dieron un toque de alerta al sistema Hipercenter y gracias a ello lograron ejecutar la retención de fondos del comercio.
Se realizaron retenciones masivas que totalizaron la suma de G. 174.315.000. En consecuencia el valor no recuperado por la cuenta Bancard es de G. 195.170.332, que es el monto equivalente al daño patrimonial que sufrió la entidad B, ya que el desembolso del monto faltante y para seguir con el pago a los beneficiarios del programa Pytyvõ, corrió por cuenta de la empresa financiera (Bancard).
Chumpitaz, quien transportaba de un sitio a otro a Brítez, tenía un vehículo con cédula de automotor adulterado.
El juez penal de garantías Mirko Valinotti debe fijar fecha de audiencia preliminar.