Gobernador de Caazapá construye una imponente casa quinta en lote del Indert

El gobernador de Caazapá, Pedro “Pipo” Díaz Verón (colorado cartista), construye una imponente casa quinta en un inmueble del Indert ubicado en la colonia Alejo García, conocida como Corateî, distrito de Ayolas. El jefe departamental es hermano del exfiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero.

Imagen aérea de la casa de verano  en un lote que sería fiscal.
Imagen aérea de la casa de verano en un lote que sería fiscal.Archivo, ABC Color

Una muralla de casi dos metros rodea la futura casa de verano que el gobernador de Caazapá, Pedro “Pipo” Díaz Verón (colorado cartista) construye en la colonia Alejo García, conocida como Corateî, distrito de Ayolas. La imponente edificación, sin embargo, se realiza en un inmueble que pertenecería al Instituto Nacional de Desarrollo Rural y de la Tierra (Indert), de acuerdo con las documentaciones en poder de ABC.

El terreno aparentemente fiscal tiene una superficie de 2.500 metros cuadrados y está ubicado a escasos 150 metros del acceso principal a la comunidad. Además, dista 500 metros aproximadamente de la playa sobre el río Paraná.

“Pipo” Díaz Verón, hermano del ex fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, imputado por enriquecimiento ilícito y lavado de dinero, accedió al lote el 23 de octubre de 2020, según un contrato privado de compra-venta de mejora realizado por la escribana de Ayolas, María Cristina Paiva Valdovinos.

El político caazapeño, de acuerdo al documento, pagó en efectivo y en el acto la risible suma de G. 40 millones a una persona identificada como Bernardo Rotela Ávalos por todos los derechos y acciones introducidas en el terreno.

El vendedor, además, asume el compromiso de realizar los trámites necesarios para la titulación del lote a favor de Pedro Alejandro Díaz Verón, incluidas las gestiones como plano georreferenciado, mensura administrativa y otras que serán costeadas por el comprador, dice en parte la cláusula cuarta del contrato.

Obra avanzada

Algunos vecinos relataron que las obras en el inmueble aparentemente fiscal comenzaron a finales del año pasado. Actualmente, los trabajos están muy avanzados e incluso casi toda la casa ya está techada, según las imágenes aéreas.

La vivienda principal ocupa casi todo el fondo del lote, mientras en frente se observa un amplio patio.

Intentamos obtener la versión de Pedro Díaz Verón, pero no respondió nuestras llamadas ni mensajes enviados vía WhatsApp.

Una comunidad en auge turístico

La compañía Alejo García, más conocida como Corateî, dista 12 kilómetros del centro urbano del distrito de Ayolas. Actualmente se encuentra en auge turístico debido a su cercanía con las playas ubicadas sobre el río Paraná y su extensa vegetación.

Visitantes de todo el territorio nacional, incluso de países vecinos, como Argentina, Brasil y Uruguay llegan en cualquier época del año a la comunidad. En la zona existen varias posadas que ofrecen servicio de hospedaje. La habilitación de un acceso asfaltado el año pasado puso fin al aislamiento que sufría la población en cada temporada de lluvia. La construcción del pavimento estuvo a cargo del Ministerio de Obras Públicas, con financiamiento de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY).

¿Abogado o agricultor?

La comunidad Alejo García, más conocida como Corateî, es una colonia campesina conformada en el año 1928. Fue asentada sobre 2.238 hectáreas de tierras públicas, es decir, están sujetas a la ley número 1863/02 “Del Estatuto Agrario”, de acuerdo a los datos.

Esta normativa en su artículo 16 establece una serie de requisitos para el acceso a los lotes fiscales. Entre los puntos más importantes están que los beneficiarios deben dedicarse directa y habitualmente a la agricultura, como actividad económica principal, además de no ser propietario de inmuebles, salvo la de un lote urbano o suburbano o un inmueble rural destinado a unidad básica de economía familiar.

“Pipo” Díaz Verón no hizo figurar inmuebles en su declaración jurada presentada en 2018 al asumir como gobernador de Caazapá. Sin embargo, sí especificó que su profesión principal era de abogado no agricultor.

Una práctica castigada

La ley número 4682/2012 castiga la práctica de venta de derechos y acciones de propiedades fiscales destinadas a la reforma agraria. El Art. 1 de la citada legislación establece taxativamente que todo ocupante o adjudicatario de lotes agrícolas, ganaderos o fracciones fiscales destinados a la reforma agraria que por sí o valiéndose de otro, transfiera a un tercero sus derechos y acciones será castigado con pena privativa de libertad de dos a cinco años.

Este mismo castigo se aplica para los compradores de los terrenos fiscales, según el artículo 2, que agrega que el adquiriente será sancionado con la pérdida de sus derechos sobre las mejoras adquiridas o introducidas. La adquisición será nula de pleno derecho y conllevará la reversión del inmueble al patrimonio del Indert, expresa la ley.

La normativa legal asimismo prohíbe a los escribanos públicos la certificación de las firmas de contratos privados, sin la autorización de la institución agraria. Intentamos hablar con Rotela Ávalos sobre el punto, pero no respondió nuestras llamadas.

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