Imputan a abogado que intentó ejecutar pagaré de fallecido

La fiscala Stella Mary Cano imputó por supuesta estafa y producción de documentos no auténticos al abogado Denis Santiago Giménez Cardozo, quien inició un juicio ejecutivo para cobrar un pagaré por el monto de G. 3 mil millones firmado por Ángel Sopeña Quesada el 8 de febrero de 2018, en representación de la empresa “Formasa SA”, una sociedad de origen panameño que funciona en Paraguay desde 1992.

Fiscala Stella Mary Cano
Fiscala Stella Mary Cano, agente que presentó la imputación.Archivo, ABC Color

La denuncia que fue presentada por los abogado Miguel Insaurralde y Vicenzo Serrati, representantes de Formasa SA, relata que dentro de las atribuciones y potestades conferidas a Sopeña Quesada no se contempló autorización para firmar pagarés en nombre de la firma. Agrega que el mencionado representante viajó en enero de 2018 a España, donde falleció en febrero de 2019, con lo que se extinguió el poder que le fuera otorgado.

Además de estas irregularidades señaladas por los denunciantes, la imputación puntualiza que en agosto del año 2020 se inició una acción preparatoria de juicio ejecutivo del pagaré firmado por Sopeña Quesada, por la suma de G. 3 mil millones, que venció en marzo de 2019.

El citado juicio fue tramitado ante el Juzgado en lo Civil y Comercial 5° Turno, Secretaría N° 10, de la Capital, caratulado como “DENIS SANTIAGO GIMENEZ CARDOZO C/ FORMASA SA S/ JUICIO EJECUTIVO”.

El juicio tuvo como consecuencia el libramiento de intimación de pago y embargo de un inmueble ubicado en Luque, propiedad de la firma “Formasa SA”, lo que ocasionaría un importante daño a la empresa.

Los denunciantes aseguran que la firma del pagaré no correspondería al ex apoderado de la empresa en cuestión, como tampoco el sello, y que se habría utilizado con el fin de vincular ilícitamente a la firma con la supuesta operación de crédito para obtener un beneficio patrimonial indebido por parte del imputado.

La fiscala solicitó medidas alternativas para el imputado, entre ellas una caución real por la suma de G. 1.000 millones.

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