El Ministerio del Interior, a cargo de Francisco de Vargas durante el Gobierno de Horacio Cartes, contrató a Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, titular del Centro Integral de Atención Profesional (CIAP), involucrado en el escándalo de clonación de facturas para justificar G. 6.382 millones (US$ 1.000.000 al cambio de finales del año pasado) de la Gobernación de Central, a cargo de Hugo Javier González (colorado cartista). El llamativo acuerdo firmado el 16 de diciembre de 2013 por G. 637 millones era por “Consultoría para el diseño de un programa estratégico para el combate al contrabando desde los diferentes puntos estratégicos fronterizos para la República del Paraguay y asesoramiento en el área preventiva de seguridad y custodia de la información”.
No se tienen datos sobre el resultado de la consultoría ni tampoco existe evidencia de la efectividad en la erradicación de este hecho punible. Sin embargo, sí hay una observación de la Contraloría General de la República (CGR) sobre el millonario contrato.
Una auditoría financiera y presupuestaria del ejercicio fiscal 2013 reveló el incumplimiento de contrato por parte de Álvarez Cristaldo. Se constató un atraso de más de dos meses en la emisión de la Póliza de Garantía de Desempeño Profesional, según la fiscalización.
El equipo auditor observó que el Seguro de Responsabilidad Profesional debió ser presentado por el proveedor dentro de los diez (10) días calendario siguientes a la firma del contrato. La falta de constitución y entrega oportuna del seguro es causal de rescisión del contrato por causa imputable al contratista, en cuyo caso la convocante podrá adjudicar el contrato en la forma prevista en el segundo párrafo del artículo 36 de la Ley Nº 2051/03 “de Contrataciones Públicas”, de acuerdo a la explicación.
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Es decir, el acuerdo debía ser cancelado, pero curiosamente no fue así. Es más, la cartera de Estado reconoció la grave falta, no obstante, defendió a Álvarez Cristaldo argumentando que estaba cumpliendo con el trabajo, un guión similar al usado por el jefe departamental de Central días atrás.
Un “mimado”
Un punto llamativo es que Tadeo Andrés Álvarez Cristaldo, con la Consultora Prudencial PY, consiguió posicionarse durante el gobierno de Horacio Cartes, principal protector de Hugo Javier González. Es así que, además del millonario contrato con el Ministerio del Interior, logró ser habilitado por la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) como auditor externo impositivo.
El registro Nº 103/2016 obtuvo durante la gestión de la exviceministra Marta González.
Álvarez también alcanzó en 2016 la habilitación del Instituto Nacional de Cooperativismo (Incoop) como auditor. El registro fue firmado por Félix Hernán Jiménez Castro, exfuncionario de la Organización Paraguaya de Cooperación Intermunicipal (OPACI) y protegido del actual diputado colorado cartista Basilio “Bachi” Núñez.
Por último, Álvarez logró el reconocimiento de la Fundación CIAP el 4 de octubre de 2016, a través del decreto Nº 6065 firmado por el expresidente Horacio Cartes.
Borran vinculación, tras publicación
OG construcciones, del Ing. Óscar Gaete Gómez, borró su vinculación con Tadeo Álvarez del portal de Contrataciones Públicas, luego de la publicación de ABC. Nuestro diario evidenció que el titular de CIAP usó facturas de la citada firma para justificar parte de los G. 6.382 millones del fondo de emergencia por el covid-19 entregados a la Gobernación de Central por el Poder Ejecutivo.