Desde el IPS se limitaron a publicar un comunicado a través de redes sociales para tratar de justificar la contratación de abogados externos por más de G. 2.000 millones en plena crisis económica generada como consecuencia de la pandemia de coronavirus.
De acuerdo a documentos a los que tuvo acceso ABC Color, esos profesionales costarán a los aportantes de la previsional un total de G. 2.250 millones.
Todo esto a pesar de que existe una estricta prohibición de contratar o nombrar funcionarios en las instituciones de la administración pública. De acuerdo a la ley de emergencia y a su decreto reglamentario, solo pueden ser contratados o nombrados personal de blanco para atención de la pandemia.
El IPS debía realizar un primer pago de G. 30 millones a cada abogado al momento de la firma del contrato. Posteriormente se debían realizar otros tres pagos: en julio, septiembre y diciembre; cada uno de ellos por G. 15 millones.
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Es decir, en total cada abogado externo recibirá G. 75 millones.
De acuerdo a un pedido de informe remitido en mayo último a la Dirección de Gestión del Talento Humano de la previsional, un total de 30 abogados externos firmaron contratos con directivos de la entidad previsional.
Esto arroja un total de G. 2.250 millones de remuneración para cumplir con las obligaciones requeridas por la previsional.
“Apenas 18 contratados”
Como primer punto en el comunicado emitido ayer por la institución de seguridad social, sus autoridades reconocen que el IPS cuenta actualmente con un total de 50 abogados nombrados como parte de su departamento jurídico.
Sin embargo, según el señalado documento, solo 12 de esos profesionales se encuentran abocados a la atención de los procesos judiciales externos o litigando en representación del instituto en diversas causas judiciales.
Y es por esa supuesta falta de personal que la institución decidió contratar “apenas” 18 abogados externos para la atención de las causas judiciales.
La previsional no desmintió que cada uno de esos profesionales recibiría un total de G. 75 millones como remuneración. Esto significaría un costo de al menos G. 1.350 millones para el ente.
Otro punto llamativo del comunicado del IPS es que la institución sostiene que los contratos corresponden al ejercicio fiscal 2020. Esto solo empeoraría la cuestión, puesto que durante ese año fue cuando la economía se resintió de la peor manera como consecuencia de la pandemia de coronavirus y ya se había establecido la prohibición de contratar o nombrar a funcionarios para los entes de la administración pública.
Siguen figurando
La entidad sostiene que el contrato publicado líneas más arriba correspondía al ejercicio fiscal 2020. Según el documento (ver facsímil), el vínculo laboral fenece en diciembre. Es decir, que los abogados ya no deberían seguir como contratados por la institución.
Sin embargo, el propio comunicado reconoce que los “apenas” 18 profesionales siguen vinculados actualmente a la institución. Esto significaría o que la institución les renovó el contrato o que los vínculos en realidad datan de este año.
De hecho, varios de los nombres que aparecen en un pedido de informe remitido a la Dirección de Gestión del Talento Humano siguen figurando en la nómina de funcionarios nombrados y contratados publicada por la institución en su página web. Como si todo aquello no fuera suficiente, el propio documento de la señalada dependencia data de mayo pasado y habla de 30 abogados externos.
La pregunta que queda entonces es ¿por qué si los contratos eran del ejercicio 2020 y vencían ya en diciembre último, en mayo se seguía pidiendo informes sobre los vínculos laborales de los 30 profesionales?
Derroches por todos lados
No es el primer derroche detectado en el IPS en plena pandemia.
En mayo del año pasado, la previsional estuvo a punto de destinar un total G. 39.886 millones (unos US$ 5,7 millones) para la adquisición (de la empresa Green) de un sistema de gestión hospitalaria (HIS por sus siglas en inglés) para el hospital regional y los centros asistenciales de la previsional en el departamento de Alto Paraná.
El proceso de licitación había sido frenado ya en mayo del 2020, luego de que la Cámara Paraguaya de la Industria del Software (Cisoft) denunciara una serie de irregularidades en el llamado. Sin embargo, la previsional siguió con el proceso y finalmente volvió a adjudicar a la misma empresa en diciembre, ya en época de fiestas de fin de año.
La denuncia de la Cisoft generó que intervinieran en el proceso tanto la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP) como la Contraloría General.
La DNCP ordenó la anulación de la adjudicación de la empresa Green en octubre, pero el IPS insistió.
La CGR, por su parte, detectó que el llamado había sido direccionado.
Hasta el momento, el IPS sigue sin investigar el caso del millonario sistema informático que se pretendía adquirir y que hubiera representado un golpe a las finanzas de la previsional.