Organizaciones civiles piden a fiscala adjunta de UDEA fijar fecha de la segunda reunión

Organizaciones civiles solicitan a la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Soledad Machuca, que fije fecha y hora para la segunda reunión de trabajo con fiscales de esta unidad especializada. Los gremios reiteran que el pedido tiene fundamento jurídico en la defensa de los intereses de la sociedad civil, como víctima directa de la corrupción pública.

María Soledad Machuca, fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).
María Soledad Machuca, fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA).Archivo, ABC Color

La Coordinadora de Abogados del Paraguay, que tiene como titular a María Esther Roa Correa, y Somos Anticorrupción Paraguay, presidido por Carmen Edid Rodríguez, son representantes de las organizaciones civiles que solicitan a la fiscala adjunta de la Unidad de Delitos Económicos y anticorrupción (UDEA), Soledad Machuca, que fije fecha para la segunda reunión que corresponde al mes de agosto.

Las organizaciones civiles sostienen que el Ministerio Público, según su Carta Orgánica Ley N° 1.562/00, en su Art. 8 referente a la publicidad, dispone que tiene la obligación de forma anual de informar sobre su labor para posibilitar su control por parte de la ciudadanía. De igual manera, obliga al Ministerio Público a informar a los medios de comunicación social sobre los principales asuntos o investigaciones, sin afectar la reserva de las actuaciones judiciales o el principio de inocencia de las personas, justifican.

Pedidos de los asociaciones

En una primera reunión llevada a cabo con los fiscales de UDEA Luis Lionel Piñánez y Osmar Legal, la Coordinadora de Abogados y Somos Anticorrupción Paraguay solicitaron la creación de una página web exclusiva de la UDEA, el pedido a la fiscala general del Estado, Sandra Quiñónez, sobre la emisión de una circular institucional a los efectos de recordar a los agentes fiscales la obligación de presentar urgimientos ante los órganos jurisdiccionales para impulsar los procesos penales y con ello evitar la impunidad.

Así también, la emisión de informes puntuales sobre los avances de las denuncias y procesos penales cuyos datos fueron individualizados durante el desarrollo de la primera reunión del 10 de julio de 2021.

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