11 de julio de 2026

Para los últimos días del presente mes fue programado el juicio oral a la exjueza Tania Carolina Rosa Irún Ayala, acusada de presunto prevaricato en la entrega de 310.000 hectáreas de tierra en el Chaco. Según la acusación fiscal, la exmagistrada “violó y tergiversó el derecho” al transferir tierras ubicadas en Alto Paraguay, en la zona de seguridad fronteriza.

El fiscal general, Emiliano Rolón, dispuso cambios en la fiscalía adjunta de UDEA y reasignó a Nancy Salomón en lugar de la cuestionada Soledad Machuca. Esta última, calificada como “el monje negro de la Fiscalía” por la senadora Yolanda Paredes, es señalada de cajonear una denuncia contra Hernán Rivas y también afronta un proceso en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

El Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados (JEM) sigue sin analizar la actuación de la fiscal adjunta de Delitos Económicos Soledad Machuca, en el caso del ahora exsenador colorado Hernán David Rivas Román. En octubre de 2023 dos diputadas de Cruzada Nacional presentaron acusación contra la funcionaria del Ministerio Público por supuestamente haber cajoneado la denuncia contra el título de abogado presuntamente falso del exlegislador cartista.

La senadora Yolanda Paredes, del Partido Cruzada Nacional, acusó a la fiscala Soledad Machuca de ser el “monje negro” de la Fiscalía y de cajonear causas contra políticos, y tildó de “prevaricador” al camarista Delio Vera Navarro, cuestionando su jubilación tras fallar en el caso.

La exjueza en lo Civil y Comercial de la Capital Tania Irún presentó acusación en contra de la fiscala adjunta de Delitos Económicos y Anticorrupción María Soledad Machuca Vidal, y solicita al Jurado de Magistrados su enjuiciamiento por presunto mal desempeño de funciones. La agente había rectificado un pedido de sobreseimiento definitivo y presentó el requerimiento que derivó en la elevación a juicio oral de la causa que afronta Irún, por supuesto prevaricato.

La denuncia presentada por un abogado contra otros tres profesionales del derecho, entre ellos Asdrúbal Fretes, hijo del exministro de la Corte Suprema de Justicia Antonio Fretes, fue desestimada por un juzgado de Garantías, a pedido del Ministerio Público. El letrado reclama que los denunciados, en contubernio con un exrepresentado suyo, se apropiaron de sus honorarios por G. 2.400 millones.