La comunidad específica en la que se llevaron a cabo las violaciones se llama Yvypyte, de la etnia pái tavyterã, y según manifestó Franco, son responsables pastores de una congregación de la iglesia evangélica, que fue instalada dentro de la comunidad. “Hay una denuncia formal presentada ante el Ministerio Público, hace 30 días, en la unidad fiscal de Pedro Juan Caballero, sindicando a los pastores de esta iglesia”, señaló.
“Tenemos entendido que son 10 menores las víctimas y el INDI está asistiendo. Tenemos nuestra Ley 904 que nos obliga a acompañar la denuncia penal. Como somos una institución del Estado, lo que hacemos es coadyuvar con la denuncia”, añadió.
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En cuanto a si existen diagnósticos médicos, indicó que están a cargo del Ministerio Público y que hace 30 días tuvieron una reunión en la Gobernación de Amambay, donde también se presentó una denuncia porque estaban siendo invadidos en sus derechos, tanto culturales como de otras áreas, según sostuvo.
“Ahora hay una comitiva del INDI, que hará levantamiento de datos para saber qué tan avanzada está la investigación y llegar a los culpables”, dijo.
Aunque no supo especificar de qué congregación evangélica son los responsables, mencionó que se trata de ciudadanos brasileños.
Sobre el trabajo de la Fiscalía, Franco sostuvo que la investigación estaba avanzando de forma muy lenta, y que cree que, como ahora tomó estado público, eso va a cambiar. “Ahora que tomó estado público, los agentes fiscales creo que se van a apurar para avanzar en la investigación”, afirmó.
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Sobre el supuesto “lavado de cerebro” de la denuncia, alegó: “Como los indígenas menores por ejemplo no tienen dinero para pagar un diezmo, les dicen que ellos pueden tener dinero de esa manera, y otra cosa es que se les enseña que no está mal contraer nupcias con mayores, incluso con miembros de la congregación”, lamentó.
El número de abusos de menores en nuestro país es alarmante, pero es la primera vez que se da a conocer un hecho de violación de forma masiva.