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El argumento recurrente es que se trata de una cuestión particular que ellos deben dirimir y aclarar ante la opinión pública.
En el caso de Salomón, el mismo dijo que evaluaría hacer una denuncia formal. Posteriormente, les manifestó a sus colegas en la reunión de mesa directiva y líderes de bancada que recién a su vuelta del viaje que hará a Corea esta semana, se ocupará de visitar cada una de las bancadas para brindar explicaciones sobre las acusaciones que hizo.
En declaraciones a una radioemisora de Asunción, Galaverna denunció la semana pasada que la defensa que hizo Salomón del presidente de Conajzar José Antonio Ortiz se debía a que este era su testaferro y que el legislador era dueño de la empresa iCrop, beneficiada con el contrato de las máquinas tragamonedas.
Por su parte, Salomón dijo que el mismo Galaverna había confesado años atrás a algunos de sus colegas y a dirigentes de su partido que durante la administración de Horacio Cartes, este le pagaba US$ 100 mil por “servicios políticos” y por respaldo a la gestión del entonces mandatario.
El artículo 201 de la Constitución que habla sobre la pérdida de investidura señala en su párrafo final que “los senadores y diputados no estarán sujetos a mandatos imperativos”.
De ser cierta la supuesta confesión de Galaverna, el mismo no habría actuado de manera libre e independiente en el ejercicio de su cargo sino compelido por un incentivo externo, por lo cual sería pasible de ser expulsado de su banca.
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