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Los datos fueron expuestos este jueves en una conferencia de prensa virtual realizada por las autoridades del Ministerio de Hacienda para dar a conocer las modificaciones recomendada por la Comisión Bicameral de Presupuesto, en su dictamen elevado a consideración de la Cámara de Diputados.
El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, informó que los legisladores crearon 1.209 cargos, a lo que le sumaron 20 dietas y 73 gastos de representación para las entidades beneficiadas.
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El informe detalla que al Poder Judicial, que incluye a la Corte Suprema de Justicia, Ministerio Público y Ministerio de la Defensa Pública, se le asignó 607 nuevos cargos; y a las universidades nacionales 532.
También se creó 35 cargos para el Poder Legislativo, a las instituciones del Poder Ejecutivo se le concedió 49 y a los entes autónomos y autárquicos 20. En tanto, fueron recortados 20 cargos de las empresas públicas y 14 de entidades financieras oficiales.
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Llamosas indicó que la creación de cargos representará un costo de US$ 16 millones en caso de confirmarse el dictamen en las cámaras del Congreso, que este mes inician el análisis sobre el PGN 2022.
El titular de la cartera fiscal dijo que no están de acuerdo con las modificaciones aprobadas en la bicameral y que acudirán a la Cámara de Diputados, primero; y luego a la Cámara de Senadores, para buscar revertir esta situación.
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En las audiencias informativas realizadas por la Comisión Bicameral de Presupuesto en el mes de setiembre, la Corte Suprema de Justicia (CSJ) solicitó la creación de 950 cargos y un aumento salarial del 4,5% para funcionarios y magistrados; el Ministerio Público pidió la creación de 393 cargos y aumento salarial del 10%, mientras que el Ministerio de la Defensa Pública solicitó 22 nuevos cargos y aumento salarial para defensores.
El proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 presentado por el Ejecutivo al Congreso contemplaba un total de 312.150 cargos, distribuidos en las diferentes instituciones componentes de la administración central y de las entidades descentralizadas; y para el cual destinaba el 75% de la recaudación tributaria para financiar los salarios públicos.