Hugo Javier firmó convenio con una ONG no habilitada para realizar obras

El imputado gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), firmó convenio y desembolsó G. 5.105 millones al Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), presidido por el también imputado Tadeo Álvarez, para la realización de obras. Sin embargo, los fines y objetivos de esta ONG son la formación de profesionales y la capacitación en general, según su estatuto. Esto confirma el acta de imputación del Ministerio Público y una de las causales para la intervención de la gestión del exanimador de fiestas.

Parte del estatuto elaborado por CIAP el 22 de abril de 2015 y en cuyo capítulo III especifica sus fines y objetivos. En los artículos solo se habla de formación y capacitación profesional.
Parte del estatuto elaborado por CIAP el 22 de abril de 2015 y en cuyo capítulo III especifica sus fines y objetivos. En los artículos solo se habla de formación y capacitación profesional.

El acta de imputación por lesión de confianza, asociación criminal y otros de la Fiscalía presentada el 1 de noviembre pasado contra el gobernador de Central, Hugo Javier González (ANR, cartista), confirma numerosas anomalías detectadas durante el análisis de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) y la Auditoría General del Poder Ejecutivo (AGPE) sobre el uso de los G. 6.382 millones (US$ 1.000.000) entregados a la institución departamental para la reactivación de la economía poscovid. Una de ellas es que el Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP), a cargo del imputado Tadeo Álvarez, recibió G. 5.105 millones para realizar obras, pese a que sus fines y objetivos son completamente diferentes.

El documento fiscal, utilizado como una de las principales causales para intervenir la gestión del “locutor N°2″, señala que la firma de los convenios y la consecuente solicitud de otorgamiento de los fondos, aparentemente no correspondía con los fines y objetivos de la Fundación CIAP, ya que la naturaleza de la citada organización es la formación de profesionales y capacitación en general y “al parecer, no contemplaba el desarrollo de trabajos de construcción de obras civiles y viales”, según el acta de imputación fiscal.

Precisamente, el estatuto de CIAP elaborado el 22 de abril de 2015 ante la escribana Lina Mercedes Leguizamón especifica en forma taxativa esas funciones (ver facsímil).

El acta de imputación agrega que pese a las presuntas irregulares tanto el arquitecto Armando Soler, secretario de obras de la Gobernación como el abogado Édgar Zaracho Quintana, director de asesoría Jurídica habrían dictaminado favorablemente sobre la viabilidad de los proyectos y los desembolsos a favor de la ONG.

Pedido debe ser remitido hoy

El pedido de intervención de la gestión del imputado Hugo Javier González (ANR, cartista), aprobado el 8 de noviembre pasado por la mayoría de la Junta Departamental de Central, debería ingresar hoy a la Cámara de Diputados, según el último anuncio del Ministerio del Interior. Esta cartera estatal recomendó el análisis de la solicitud de los ediles.

Los concejales fundamentan la intervención en dos puntos: el acta de imputación contra el jefe departamental sobre el supuesto mal uso de G. 6.382 millones del fondo covid como también el informe final de la Contraloría sobre la transferencia de G. 18.345 millones a entidades sin fines de lucro.

Firman sin especificar proyectos

El acta de imputación de la fiscalía y causal para el pedido de intervención de Central también menciona que los imputados Hugo Javier González y Lourdes Verónica Lezcano, gobernador de Central y secretaria general de la institución, respectivamente, habrían autorizado por medio de dos resoluciones el desembolso de los G. 5.105 millones a favor de CIAP. Las transferencias eran para la construcción y mantenimiento de espacios públicos por G. 3.063 millones y pavimentación asfáltica por G. 2.042 millones.

Sin embargo, los documentos habrían sido firmados sin tener a la vista proyectos concretos que justifiquen la erogación, según la imputación del Ministerio Público.

Incluso, de acuerdo a la documentación, en el convenio marco firmado el 18 de noviembre de 2020 y utilizado como respaldo tampoco se detallaban las obras y los lugares precisos, a parte de que serían dentro del Departamento Central, ni contenían los presupuestos del proyecto, el plan financiero, cronogramas de ejecución, planificación de algún tipo o algún otro detalle que pudiera servir para identificar qué es lo que se iba hacer.

En otro convenio específico, en tanto, solo existe una enumeración de obras de uno de los proyectos. Tampoco sin mucho detalle.

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