Diputados liberan DD.JJ. sin orden judicial, pero permiten hacer rectificaciones

La Cámara Baja, en sesión extraordinaria, aprobó el proyecto de ley “Que reglamenta el Art. 104 de la Constitución Nacional, de la Declaración Jurada de Bienes y Rentas”. El expediente también deroga artículos de la Ley N° 5033/13 y su modificatoria la Ley N° 6355/19. El proyecto fue presentado por los diputados Édgar Acosta (PLRA) y Tadeo Rojas (ANR, HC), entre otros. Ahora la decisión pasa al Senado.

Sin mucho debate, el pleno aceptó la versión presentada por la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el diputado Derlis Maidana (ANR, HC). De esta manera se rechazó la versión con modificaciones propuestas por la Contraloría General de la República (CGR), que es el órgano de aplicación de la ley.

Maidana dijo que con las modificaciones se daría cumplimiento al fallo de la Corte Suprema de Justicia que declaró inconstitucional la Ley 6355/19 sobre la obligación de las empresas contratistas y concesionarias de ser sujetos obligados ante la CGR.

Por otro lado, destacó que la modificación finalmente elimina la cuestionada autorización judicial previa para dar publicidad a las declaraciones juradas de un funcionario.

Así también se autoriza a los funcionarios a rectificar datos en su DD.JJ. en cualquier momento.

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Finalmente, manifestó que también se disminuyen las multas que en lugar de ser fijadas por jornales mínimos, pasarán a ser proporcionales al sueldo del empleado público infractor. Actualmente la ley impone multas de 300 jornales mínimos o casi G. 25 millones.

El diputado Sebastián Villarejo (PPQ), por la Comisión de Legislación, expresó que dicho órgano emitió dos dictámenes y la recomendación de la minoría era aprobar la propuesta de respetar la versión presentada por la Contraloría.

Casi sin debate, el texto fue aprobado en general y posteriormente en particular con las modificaciones de Asuntos Constitucionales. Ahora pasa a la Cámara de Senadores.

Actualmente, la ley establece que cualquier ciudadano que quiera acceder a las declaraciones juradas debe tener una sentencia judicial para ello. La Contraloría propuso eliminar esa traba y liberar el acceso no solo de las DD.JJ. sino también de documentos ligados a las mismas, como los dictámenes de correspondencia e información de la presentación realizada.