Diputada teme que el caso Central no se trate este año

La diputada por Central, Rocío Vallejo (PPQ) dijo estar preocupada con que este año no se trate el pedido de intervención a la Gobernación de Central, administrada por el imputado Hugo Javier (ANR, HC).

Rocío Vallejo, diputada de Patria Querida, trabaja en las modificaciones a la Ley que regula el  Financiamiento Político.
Rocío Vallejo (PPQ), diputada por Central. Integrante de la comisión especial que analizará el pedido de intervención.Archivo, ABC Color

“Si bien la ley de intervenciones dice dentro del plazo de 15 días hábiles nosotros podemos presentar antes de esos 15 días y pedir una extraordinaria, pero lo que temo es que se quieran usar todos los días. Sin duda debe ser una gran responsabilidad de la Cámara de Diputados que esto se resuelva este año”, indicó la parlamentaria que también integra la comisión de intervención a la Gobernación de Central.

Informe lapidario

Vallejo mencionó que según lo que pudo leer, el informe de la Contraloría del 2019 es catastrófico y que estos hechos si bien forman parte de otra carpeta fiscal, no constan en la imputación de la Fiscalía, sólo lo referente al millón de dólares.

Mencionó que la empresa Centro de Apoyo y Promoción Profesional en el 2019, entre octubre, noviembre y diciembre fue beneficiada con transferencias por G. 6.539 millones sobre los cuales nunca rindió cuentas. “Hay disposiciones que dicen que si vos transferiste a una ONG y no te rindió cuentas no le podés más transferir nada y la Gobernación le volvió a transferir el millón de dólares en el 2020″, cuestionó.

También dijo que todas las causales son muy graves y lo más grave aún es que Hugo Javier siga administrando los recursos de una de las gobernaciones más importantes del país.

“La intervención no es la destitución, es el primer paso y puede resultar que todo esta bien, pero creo que en estas condiciones debe darse una intervención y se debe tomar una decisión porque falta mucho tiempo para que este señor deje el cargo por el vencimiento del plazo (agosto del 2023) y va a seguir disponiendo de los recursos como si nada”, cuestionó.

Afirmó que no se puede alegar persecución cuando la SET, la Senac, la Contraloría hallan irregularidades.

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