Cárdenas, en su cuarto juicio oral por corrupción, se declaró perseguido político

Roberto Cárdenas Ramírez declaró en el juicio oral: “Quiero manifestar mi inocencia en los hechos, que soy un perseguido político con daños penales. La verdad de las cosas, fui por dos periodos intendente y en uno concejal, soy una persona que me he formado trabajando, un trabajador independiente. Esta persecución política daña y he callado por mucho tiempo, no he realizado ninguna declaración porque no he querido tener ningún sensacionalismo en la prensa. Es un daño irreparable que me siguen haciendo, son los mismos fiscales que en todas las otras causas se encargaron de juzgarme y me hicieron ver como una persona que ha hecho un mal, y la verdad que he trabajado honestamente”, indicó.

Sobre la acusación en su contra, Cárdenas Ramírez dijo: “Cuando recibimos los fondos de Fonacide allá por octubre de 2012, hemos pedido la orientación del Ministerio de Educación, del Ministerio de Hacienda y de la Contraloría, ya que no estaba reglamentado en ese momento la ley de Fonacide. Entonces, nos habían hecho todos los procedimientos administrativos para que estas obras sean hechas con los supervisores y directores del Ministerio de Educación, inclusive con el director de infraestructura del Ministerio de Educación, luego al recibir esas notas pedimos la ampliación para incluir en el presupuesto y usar esos fondos a favor de las instituciones educativas”.

Agregó: “Una vez aprobado por la Junta, se saca la ordenanza donde se emite la ampliación presupuestaria, eso se comunica a la Dirección de Administración y Finanzas y por consiguiente a las jefaturas, conforme al organigrama que tiene esta dirección. Posteriormente, se pide que sean seleccionadas las escuelas o colegios, de acuerdo a las prioridades de notas presentadas por los directores y supervisores del Ministerio de Educación, y esas notas hacen un trámite de administración interno”.

“Todos los informes fueron elevados a la Junta Municipal de forma cuatrimestral y han sido aprobados los balances correspondientes y por los organismos de controles. La Junta Municipal y la Contraloría, a pesar de haber observado las obras en algunos casos, donde se han hecho adendas, pero casualmente, el Ministerio Público no menciona las adendas, sino hace un peritaje después de hacer los allanamientos y pudieron munirse de todos los documentos correspondientes a los planos, y lo que no tenían podían haber recurrido al Ministerio de Educación, a las empresas que construyeron; sin embargo, lo hicieron solamente con una hoja donde estaba el presupuesto de obra. Así como la Contraloría hizo con sus técnicos profesionales, con los planos y con todo lo que tenían que hacer, detectaron lo que supuestamente estaba mal, y nos llamaron y nos dijeron estas son las observaciones que tiene la Contraloría con respecto a las obras. Inmediatamente trasladamos las observaciones a las empresas constructoras”, refirió.

Prosiguió: “El Ministerio Público le pregunta a las directoras si ellas saben de la póliza que existe sobre las obras. Las empresas para hacer todo trabajo en la Municipalidad tienen que presentar una póliza a la Comuna y a las personas que hacen el servicio, en este caso a las escuelas, y tenían todas las pólizas. En ningún momento el Ministerio Público exigió a las empresas el cumplimiento de esas pólizas, después de 3 o 4 años de las obras de haber vencido, dicen que tienen deficiencias, que chorreaba. Por supuesto, muchos pueden decirlo acá, los ingenieros, o a las empresas podían recurrir en este juicio oral si ellos recibieron los cheques, si cobraban o cómo lo hicieron; sin embargo, solo veo la cara de un constructor que es Alejandrino Duarte, y hay 15 obras que se hicieron, que se tuvieron que pagar con 3 a 4 pagos en forma fraccionada, pero se busca mi relacionamiento con ellos, con algún ilícito”.

“Todas las obras fueron aprobadas por los órganos encargados, pero el Ministerio Público hace un peritaje parcialista donde dice que todo estaba mal, con la directora y con personas que estaban en las obras que no podían dimensionar técnicamente cuál era la falencia, pero todo está documentado, y el Ministerio Público se equivoca conmigo”, dijo finalmente el exintendente lambareño.

La acusación

El Ministerio Público acusó por presunta lesión de confianza y actividades peligrosas en la construcción, en el cuarto juicio que afronta el exintendente de Lambaré Roberto Cárdenas Ramírez junto con otras tres personas. El daño patrimonial que habría sufrido el municipio lambareño es de G. 853.339.521.

Al inicio del juicio oral, los fiscales Luis Said, Carina Sánchez y Teresita Torres se ratificaron en la acusación en contra de Cárdenas Ramírez (ANR), por presunta lesión de confianza en las obras y remodelación y ampliación, realizadas con dinero del Fonacide en 15 instituciones educativas de la ciudad, entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013.

La acusación por presunta lesión de confianza también está dirigida contra el exdirector de Administración y Finanzas del municipio lambareño Guido Fernando Salcedo, y el encargado de la Dirección de Obras de la comuna Carlos María Mendieta Candia.

Por su parte, Alejandrino Duarte Centurión, titular de la empresa ADC Construcciones, está acusado como supuesto cómplice de delito de lesión de confianza y como autor del hecho punible de actividades peligrosas en la construcción, ya que su firma se encargó de las obras en cuatro instituciones educativas.

El Tribunal de Sentencia está presidido por la jueza Yolanda Portillo e integrado con las miembros titulares magistradas Yolanda Morel y Esa García.

Condena por desvío de fondos de Fonacide y derrumbe de aulas

En setiembre pasado, el Ministerio Público obtuvo una condena de 4 años de prisión para el exintendente de Lambaré, Roberto Cárdenas Ramírez, y otras tres personas involucradas en el hecho punible de lesión de confianza por el desvío de más de G. 266 millones, que luego derivó en el derrumbe de aulas del Colegio Nacional de Lambaré, por deficiencias en la construcción.

El tribunal de sentencia estuvo integrado con los jueces Javier Sapena, Miguel Ruiz y Liz Ramírez, y condenó al exintendente a la pena privativa de libertad de 4 años de prisión al hallarlo responsable del desvío de fondos del Fonacide, que fue utilizado en la construcción de aulas sobrefacturadas y que luego como consecuencia de las deficiencias en su construcción, se derrumbaron.

En este juicio oral igualmente fueron condenados a 4 años de cárcel Guido Fernando Salcedo, administrador del Colegio Nacional de Lambaré, y a dos años de cárcel, pero con suspensión a prueba de la ejecución de la condena fueron sentenciados Vicente Acosta Gibbons, director del Colegio Lambaré y Francisco Javier Villalba Cantaluppi, quien aprobó por la Municipalidad lambareña los planos referenciales de la obra.

Los fiscales de esta causa fueron Teresita Torres, Carina Sánchez y Luis Said.

<b>Apelación de “penas” indulgentes, en dos casos</b>

Los fiscales Teresita Torres, Carina Sánchez, Rodrigo Estigarribia y Luis Said, en representación del Ministerio Público, apelaron dos causas en las que el exintendente de la ciudad de Lambaré Roberto Cárdenas recibió dos irrisorias “condenas” en dos casos de corrupción pública, en uno de ellos, por el desvío de fondos de royalties, y otro, por usurpación de funciones públicas. En ambos casos fue sentenciado solo a 2 años de prisión, pero con suspensión de la ejecución de la condena.

Lea más:

La primera causa en la que el equipo de fiscales apeló las condenas tiene que ver con el caso individualizado como N° 845/2016, vinculada al manejo de fondos de royalties en la cual el mismo ha sido acusado con el director de Administración y Finanzas, Guido Salcedo. “Esa causa ha avanzado, en cuanto al juicio oral y público, tuvo su culminación con la imposición de una pena de 2 años privación de libertad, en relación al Sr. Roberto Cárdenas, sanción que el tribunal de sentencia, resolvió suspender a prueba en cuanto a su ejecución. Por esa decisión, el Ministerio Público ha recurrido en Alzada, atendiendo que no estuvimos conformes con la calificación dada a la conducta del acusado Roberto Cárdenas y la consecuente sanción aplicada que es de la de 2 años. El Ministerio Público en este caso había solicitado la sanción de pena privativa de libertad de 8 años. Este recurso, en este momento está siendo debatido ante el Tribunal de Apelaciones del Departamento Central”, indicó el agente fiscal Luis Said.

Los fiscales Teresita Torres y Luis Said habían solicitado, al igual que la querella adhesiva, un castigo de ocho años de cárcel para Cárdenas por el perjuicio causado a la Comuna por G. 5.704.000.000. Pero el tribunal dictó la condena con solo dos años, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena.

El 23 de julio de 2021, el Tribunal de Sentencia que “condenó” a Cárdenas estuvo integrado por los jueces Alicia Orrego (presidente), Lilian Flores y Blas Imas. Este último votó en disidencia a favor de la absolución del acusado.

El caso de usurpación de funciones públicas

En el segundo caso apelado, el fiscal Luis Said argumentó: “También se ha dado inicio y ha culminado el juicio oral en el cual el Sr. Roberto Cárdenas fue acusado al igual que la secretaria general de la Municipalidad de Lambaré, por el hecho punible de usurpación de funciones públicas, que derivó justamente con una condena también para estas personas. En el caso del Sr. Roberto Cárdenas, este Tribunal aplicó la pena privativa de libertad de 2 años, igualmente, decidiendo una vez más suspender a prueba la ejecución de esta condena, decisión por la cual, hace unos días el equipo de fiscales asumió la postura de recurrir a la apelación por inconformidad de la suspensión”, relató el agente fiscal de la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción.

El 24 de agosto de 2021, el Tribunal de Sentencia de Luque, presidido por el juez Julio López e integrado por Fátima Rojas y Carolina Bernal, condenó por unanimidad a dos años de cárcel, con suspensión a prueba de la ejecución de la pena, al exjefe comunal de Lambaré Roberto Cárdenas (ANR, cartista), por usurpación de funciones públicas. El Ministerio Público solicitó al tribunal de sentencia una condena de dos años y seis meses.

Cárdenas firmó un contrato de provisión de alimentos para meriendas escolares por más de G. 3.000 millones, cuando ya había dejado de ser intendente de Lambaré.