En varias ocasiones, el Gobierno de los Estados Unidos ha designado a políticos paraguayos – o personas vinculadas a ellos – acusados de hechos ilícitos como “significativamente corruptos”, efectivamente prohibiendo su entrada al país norteamericano.
Fuentes de la Embajada de los Estados Unidos en Paraguay explicaron que esas “designaciones públicas” son un sistema separado del proceso de revocación de visas, y se aplican exclusivamente a funcionarios gubernamentales extranjeros sobre quienes existe información “fidedigna” que los vincule a hechos de corrupción.
La medida, según explicó en 2021 el encargado de Negocios de la Embajada de Estados Unidos en Paraguay, Joe Salazar, es proteger las fronteras y el sistema financiero del país norteamericano, que ha tomado una postura agresiva contra delitos económicos como el lavado de dinero.
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En contraste, el sistema de visas y su revocación depende del Departamento de Estado de EE.UU. y se aplica cuando esa autoridad recibe información de que el titular de una visa no puede ser admitido en los Estados Unidos o no es elegible para una visa estadounidense.
La diferencia entre la revocación de visas y la designación pública es que las visas individuales están protegidas por una ley de confidencialidad, por lo que la revocación de una visa no se puede hacer pública.
Los “designados”
El Gobierno de los Estados Unidos designó como “significativamente corruptos” a figuras notables de la política paraguaya como el fallecido exsenador colorado Óscar González Daher, condenado a siete años de prisión por lavado de dinero y otros delitos poco antes de su muerte; o el diputado colorado Ulises Quintana, acusado de tener vínculos con el narcotráfico.
Igualmente recibieron esa designación Mirta Fariña, esposa de Ulises Quintana, y el exfiscal general del Estado Javier Díaz Verón. Varios miembros de las familias de estos “designados” también fueron afectados por la misma medida.
González Daher y Díaz Verón fueron los primeros ciudadanos paraguayos con quienes se empleó esa herramienta diplomática, en diciembre de 2019. La designación a Quintana y su familia se dio en abril de 2021.
Esa designación implica no solo que los afectados no puedan ingresar a Estados Unidos, sino que también se les prohíbe usar sus finanzas en ese país, si las tuvieren.
Las designaciones de ese tipo se aplican de por vida.