El comunicado dado a conocer por la activista Esther Roa, empieza diciendo: “La elección de la presidencia de cada año crea desazón entre los miembros de la Corte Suprema de Justicia, y la desconfianza de la ciudadanía en general, esto a su vez repercute ostensiblemente en la administración de justicia. Sin embargo, esta situación poco feliz puede ser evitada con acuerdos claros y transparentes que propicien los integrantes del Poder Judicial, y que apunten a la rotación de la presidencia entre sus nuevos miembros bajo el principio de igualdad de oportunidades conforme fueron integrando ese poder del Estado”.
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Agrega: “Al respecto se tiene que el Dr. Eugenio Jiménez Rolón presidió la Corte en el año 2019, el Dr. Alberto Martínez Simón (2020) y en el 2021 el Dr. César Manuel Diesel. Quedan pendientes para ocupar la presidencia los Dres. Manuel Ramírez Candia, Carolina Llanes y Víctor Ríos”.
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“Es importante señalar que desde el 2019, hemos dejado en claro que los ministros de la vieja camada deben dar un paso al costado y nunca más presidir la máxima instancia judicial por las graves omisiones y el deterioro de este poder del Estado, una prueba, tres exministros procesados por el Ministerio Público (Víctor Núñez, Sindulfo Blanco y Miguel Oscar Bajac)”, sostiene el comunicado.
También piden: “Por tanto deben abstenerse de presidir los ministros Antonio Fretes, Luis María Benítez Riera y César Garay, que ya tuvieron sus oportunidades, y los resultados están a la vista. En ese contexto, como miembros de la sociedad civil organizada proponemos que se respete el orden en que fueron ingresando en la Corte Suprema de Justicia los nuevos ministros desde octubre de 2018, y en éste periodo presidencial de la Corte Suprema de Justicia 2022-2023 se corrija el error cometido pasado”.
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No al voto secreto
El comunicado asimismo dice: “Si bien es cierto la integración de Salas y elección de autoridades es por la vía del voto secreto esto no es óbice que se respeten los principios republicanos y convencionales contra la corrupción ratificadas por la República del Paraguay, donde los organismos internacionales recomiendan a los Estados partes, y en especial al Poder Judicial, demostraciones de integridad donde los actos sean fundados, transparentes y públicos; mecanismos indispensables para el fortalecimiento del Estado de Derecho y la independencia del Poder Judicial”.
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Asimismo califican de grave: “El secretismo aviva la llama de la desconfianza, manipulación y direccionamiento de nuestra justicia, por tanto, exhortamos a los miembros de la máxima instancia judicial a poner en práctica el voto fundado y público en las elecciones de autoridades para el periodo 2022/2023. Sin una Corte Suprema de Justicia fortalecida institucionalmente, no habrá justicia, y sin justicia, no habrá paz social”.
Suscriben el comunicado la Coordinadora de Abogados del Paraguay, Unión de Asociaciones de Abogados del Interior, Colegio de Abogados de Caaguazú, Colegio de Abogados de Canindeyú, Asociación de Abogados del Guairá, Asociación de Abogados de Amambay, Colegio de Abogados de Caazapá, Asociación de Abogados del Departamento de Caaguazú, Colegio de Abogados del Alto Paraná, Colegio de Abogados de Cordillera, Asociación de Abogados de Capiatá y Central, Somos Anticorrupción Paraguay, Contraloría Ciudadana de Luque y la asociación Fuera Lista Sábana del Paraguay.
Lo que dice la Ley N° 609/95 “Que organiza la Corte Suprema de Justicia”
En la mencionada normativa, se encuentra la manera de elección de las autoridades de la máxima instancia judicial, y dispone el Artículo 8º.- Integración de Salas y Elección de Autoridades. “La Corte Suprema de Justicia en sesión plenaria, que se realizará en el mes de febrero de cada año, procederá a integrar sus salas y a elegir a su Presidente, por el voto secreto favorable de por lo menos cinco de sus ministros”.