El 16 de marzo último, el juez Manuel Benítez Mongelos firmó la medida cautelar de urgencia que señala que se debe permitir el desplazamiento de los estudiantes y docentes. La defensora pública Simona Castillo había presentado el pedido ante la situación que se generaba a consecuencia del cierre de la ruta.

El bloqueo lo realizan ciudadanos autoconvocados de Yby Yaú que piden la reducción del precio del combustible. Esto hace que una importante cantidad de niños y jóvenes, además de docentes, no pueden llegar a tiempo a sus instituciones.

Es que estas personas viven en barrios que están ubicados al este del centro urbano de esta ciudad, situada a 109 kilómetros de la capital del primer departamento, y la medida de fuerza les afecta en la normal circulación.

Según los datos, ya se ha perdido clases debido a esta situación.

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