Los senadores deberán definir por mayoría si se ratifican en su postura de establecer una multa de G. 44.000 a las personas que no voten y además, hasta tanto no la abonen ante el TSJE, no podrán gestionar el pasaporte ni hacer trámites en varias instituciones públicas.
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La alternativa es dejar como sanción el pago de la multa, sin las otras penalidades que significan, según opinión de algunos juristas, una suerte de “muerte civil” del ciudadano
El proyecto de ley, autoría de los senadores Enrique Riera (ANR-cartista) y Abel González (PLRA) modifica el artículo 6 de la ley 635/95 Código Electoral, para agregar como atribución del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) “percibir las multas por las faltas electorales previstas en el Código Electoral”.
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Se dispone una multa de medio jornal mínimo (G. 44.000) a quienes no cumplan su obligación de votar. En el Senado se agregó que en tanto dure el incumplimiento del pago de dicha multa, el infractor tendrá suspendidos los trámites ante la Subsecretaría de Estado de Tributación así como la suspensión para que le sea emitido su pasaporte y el documento de antecedentes policiales por el Departamento de Identificaciones de la Policía Nacional.
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Otras instituciones donde no podrán hacer trámites son la Dirección General de los Registros Públicos, la Dirección General de Catastro, la Dirección General de Registro del Automotor y trámites ante las municipalidades y gobernaciones.
Asimismo, verán suspendidos los beneficios contemplados en la ley 4087/2011 de Transferencias Monetarias Condicionadas.
En caso que el Senado se ratifique en su postura por mayoría absoluta (23 votos), el proyecto de ley volverá a la Cámara de Diputados, donde necesitarán mayoría absoluta (41 votos) para ratificar en su postura de que la sanción sea solamente la multa.