Fuentes del sector agrícola hicieron llegar a nuestro diario dos audios de una misma persona, que supuestamente es del jefe de operaciones de punto de ingreso Itá Enramada, del Servicio Nacional de Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas (Senave), Ing. Benjamín Stelatto. Estos se habrían filtrado a un grupo de whatsapp, en los que se admite una “repartija del dinero”, presuntamente cobrado por el ingreso ilegal de productos agrícolas y fitosanitarios. ABC consultó al citado funcionario su versión, luego de hacerle escuchar los audios, quien respondió escuetamente: “Primera vez escucho; disculpame, no es mío”.
Si bien Stelatto niega que sea su voz, nuestro diario consultó con otros funcionarios del Senave, que pidieron el anonimato, quienes aseguran que “innegablemente” corresponde al citado jefe de Senave.
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Los audios que fueron generados al parecer datan de un domingo pero de hace varios meses atrás, porque la persona habla de que el jefe de Operaciones del Senave es Lorenzo Reyes, quien ya dejó ese cargo. La comunicación se da con un tal “inge Brítez” y menciona en el contexto nombres y apellidos tales como Alfredo, Miliqui Godoy, Gauto, Natalia, Cristi, Clarita y Juan José Lezcano.
Jefe que se jacta de ser justo
Uno de los audios tiene la duración de 4 minutos con 29 segundos; mientras que el otro, un minuto con 52 segundos.
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El más revelador es el primero, pero el segmento de mayor relevancia es la parte que va desde el minuto 3,07 hasta el minuto 4,00, en la que se hace referencia directa a una coima aparentemente normalizada dentro de la institución.
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“Y bueno y así está la cosa mi querido Britez, noo... ya me llamó ayer de tarde Alfredo, estuve hablando con él y le dije, nooo tranquilo, vas a trabajar, no vas a trabajar..., le vamos a dar lo que le corresponde, verdad, y de acuerdo a lo que entra, verdad; y ojalá no más que no sea no más muy pretencioso con la plata, porque lo perro a veces creen luego que quieren ir a traer forturnas y no se trata de eso; entendea, ese no más es el tema Brítez. Pero vamos a ver; yo voy a hacer todo lo posible, y conste que yo cuando hago la repartija, hago todo en partes iguales. Yo nunca traigo más que los compañeros, porque los jefes casi siempre llevan casi el doble de lo que se le da a los perro, pero yo no soy así. Yo divido por la cantidad de funcionarios de lo que sobra y eso nos repartimos”, expresa el audio textualmente desgrabado con las expresiones del mencionado.
“No somos tan boludos”
En otra parte del audio, se señala un pacto grupal: “Nosotros tenemos ese compromiso, de demostrar que no somos tan boludos, y que nda ha´ei la ñande pituá itereí, entendea. Entonces tenemos que... vamos ir a hacer bien no más, equipaso tenemos para hacer bien, no nos falta nadango. Ndaipori ñande yopyvaerá, ñande bolayopýará, entendé; y está, por lo menos ahora, está el jefe Lorenzo también, nuestro amigo, pero no porque es nuestro amigo vamos a ir a hacer cualquier cagada. Eso hay que entender también, lo único que vos le podés llamar y le decis:... mirá este tema ningo es muy poca cosa, le voy na hacer pasar no más ya, porque vyresaitereí ningó la no coincidiri la y SA, umí voludeces” (sic).
Senave llevará caso a Fiscalía
Consultadas al respecto, las autoridades del Senave respondieron que la institución tomó conocimiento del caso a través de la Secretaría Nacional Anticorrupción (Senac) e inmediatamente iniciaron una acción administrativa de investigación de los supuestos hechos, que derivará en una denuncia a la Fiscalía, según dijeron.
Explicaron que ese es el procedimiento normal aplicado por la administración del Ing. Rodrigo González, en el marco de la política de transparencia y anticorrupción que impuso desde su llegada la actual administración.
Ya hubo denuncia de coima
El 17 de febrero de 2012, tres funcionarios del Senave fueron detenidos en el puesto de control fronterizo de la ciudad de Puerto Falcón, tras ser implicados en supuestos casos de coima a transportistas que ingresaban a nuestro país. Se trata de Jorge Aníbal Torres, Miguel Cantero Aranda y José María Casco Villalba. Según la denuncia, los funcionarios cobraban cerca de G. 1.500.000 a cada camión que ingresaba al país, para darle la habilitación necesaria. El caso fue llevado a nivel judicial, pero allí se extraviaron los expedientes y luego quedaron sobreseídos y demandaron al Estado, por daños y perjuicios, cobrando millonarios montos.