En mayo del año 2020 fue inaugurado oficialmente el local gastronómico y bailable El Fabriquero, ubicado en una zona habitacional en el centro de Luque. Desde entonces, las denuncias por polución sonora son innumerables en la Dirección de Gestión Ambiental de la Municipalidad de Luque, en la Comisaría 3ª Central de Luque y en la Fiscalía Especializada en Delitos Ambientales.
Según la Municipalidad de Luque, administrada por el intendente Carlos Echeverría (ANR, cartista), el local cumplió con todas las exigencias para su posterior habilitación.
En las inmediaciones están ubicadas centenares de viviendas particulares desde hace décadas. Los ocupantes aseguran que es “imposible conciliar el sueño debido al ruido que genera el bar cada noche, cada madrugada”.
En la madrugada del domingo se realizó una nueva denuncia e intervinieron agentes de la Comisaría 3ª y de la Fiscalía de Delitos Ambientales, quienes procedieron, desde la calle, a la medición del sonido producido por el local mencionado y se pudo constatar la polución sonora.
Además acompañaron el procedimiento la Coordinadora del Consejo Nacional de Seguridad de Luque y la asociación Ciudadano Contra la Polución Sonora.
Edicto vigente
Hace dos semanas la Municipalidad de Luque comunicó a la ciudadanía luqueña que se encuentra vigente la ordenanza municipal Nº 11/22 “sobre la regulación del horario permitido para actividades nocturnas privadas o públicas dentro del ejido de la ciudad”.
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Según el comunicado municipal “las actividades públicas y/o privadas, reuniones sociales, de culto, políticas partidarias, domiciliarias o en locales de eventos como clubes, discotecas, karaokes, locales gastronómicos en general, canchas deportivas, podrán realizarse sin exceder los límites de ruidos referidos en la presente ordenanza, en un horario de actividad de lunes a viernes hasta las 01:00 am; sábados y domingos hasta las 03:00 am, en todo momento se debe buscar minimizar las molestias y/o reducirlas al máximo”.
Las multas por la infracción de esta ordenanza va desde 20 a 100 jornales (desde G. 1.961.780 hasta G. 9.808.900) y es el Juzgado de Faltas el que establece la multa de acuerdo a cada caso.