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Jessi Ruiz Díaz, una de las afectadas por la serie de estafas que se dieron en el caso Mocipar, expresó que la decisión de la Corte impulsada por el ministro Gustavo Santander está en sintonía con un pedido de auditoría que realizaron anteriormente a la Superintendencia de la Corte.
El caso a ser revisado corresponde a la imputación de la fiscala Stella Mary Cano a Fernando Román Fernández y Orlando Benítez, por las figuras penales de estafa y producción de documentos públicos falsos, además de otros hechos punibles.
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Llamativamente, después de imputar, la agente Cano solicitó el sobreseimiento de estas personas.
“Estamos esperanzados con esta decisión del ministro de la Corte y para nosotros es sumamente alentador, porque esta lucha la tenemos desde hace tiempo; es solo una de las causas que pudo llegar a este estado procesal”, expresó Ruiz Díaz.
Ya habían reclamando dilaciones del proceso
La entrevistada añadió que ya habían solicitado la auditoría de esta causa a la Superintendencia de la Corte, reclamando las dilaciones que tuvo el proceso. Recordó que las víctimas se opusieron a la decisión de la agente fiscal de, llamativamente, imputar y luego concluir con un sobreseimiento definitivo.
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Para Ruiz Díaz es importante la auditoría de las causas, porque lo ocurrido con las víctimas de Mocipar podría ocurrirle a cualquier otro grupo de personas.
Además, resaltó Jessi Ruiz Díaz, el proceso demuestra un claro ejemplo de falta de acceso a la justicia.
“Es alentador para nosotros que un ministro de la Corte se preocupe por causas que afectan a muchas personas. Esto nos da una esperanza de seguir luchando por nuestros derechos, porque las autoridades están mostrando interés en este tipo de causas donde hay mucha gente humilde buscando justicia”, expresó la entrevistada.
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Les perjudicaron en alrededor de G. 26.000 millones
Santander propuso la auditoría porque considera llamativo que fiscales soliciten varios hechos punibles y luego pidan el sobreseimiento.
Las víctimas del caso conocido como Mocipar son personas que denuncian haber sido estafadas y perjudicadas con una pérdida total de G. 26.000 millones aproximadamente.