Gobernación de Central: “gobernador de facto” obtuvo libertad ambulatoria para trabajar

Miguel Ángel Robles Ibarra fue imputado el 1 de noviembre de 2022 por los fiscalesde la Unidad Especializada en Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), Rodrigo Estigarribia, Diego Arzamendia y Francisco Cabrera, ante la sospecha de la comisión de los punibles de declaración falsa, lesión de confianza, producción de documentos no auténticos y asociación criminal.

Robles era director de Gabinete de la Gobernación de Central durante la administración de Hugo Javier González (ANR, cartista) y también fungía de asesor. Era conocido como el “gobernador de facto”, ya que supuestamente daba las órdenes en la institución, incluso al mismo gobernador de ese entonces.

El 23 de marzo de 2023 se llevó a cabo la audiencia preliminar de Robles y el juez que atendió el caso, Humberto Otazú, ordenó el arresto domiciliario del procesado tal como lo solicitó el Ministerio Público.

Pero, la defensa técnica del procesado solicitó semanas atrás al Juzgado una revisión de medidas cautelares y requirió que su defendido sea beneficiado con la libertad ambulatoria “para que pueda presentarse a su lugar de trabajo”.

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Miguel Robles figura como funcionario del Instituto Paraguayo del Indígena (Indi). Su defensa alegó que, de no otorgarse la libertad de su cliente “perderá su fuente laboral de cuyo ingreso mantiene a su familia y a su madre de 92 años que está enferma y bajo su cuidado”.

Luego de la exposición del letrado el magistrado Humberto Otazú benefició al procesado con la libertad ambulatoria y otras medidas que deberán ser informadas constantemente al Juzgado competente.

Habría sido coordinador del esquema para desviar fondos

Según el acta de imputación, Miguel Ángel Robles Ibarra, en 2021, durante la administración de Hugo Javier habría coordinado con otros funcionarios de la Gobernación de Central, representantes de la Fundación Centro Integral de Apoyo Profesional (CIAP) y contratistas, la creación, modificación y adecuación de los convenios específicos, contratos de obras, facturas y respaldos documentales que justificarían cuatro desembolsos que sumaban un total de G. 5.105 millones, efectuados por la institución departamental a favor de la citada ONG supuestamente para realizar obras de infraestructura en espacios públicos.

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Los fiscales intervinientes sostienen que Miguel Robles habría sido quien dirigió la organización de los hechos descritos en la presente causa, los cuales habrían causado un perjuicio patrimonial al Estado, ya que los fondos no habrían sido utilizados para los fines establecidos en la ley respectiva. Es más, la Fundación CIAP no habría administrado, ni realizado pago alguno a los supuestos proveedores, pues en todas las tratativas se verían involucrados funcionarios de la Gobernación, como Robles y otros.