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Miguel Ángel Correa, quien en 2012 tenía 21 años, trabajaba como técnico de campo del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se encontraba prestando asistencia técnica a productores de Canindeyú. Él fue víctima de tortura por parte de policías plenamente identificados durante la investigación de la masacre de Curuguaty, según afirma la Codehupy.
Aseguran que Miguel Ángel no tenía vinculación con la ocupación de Marina kue, sin embargo, el día de la masacre estuvo en una reunión de productores a quienes daba asistencia técnica y al regresar a Curuguaty, tomó conocimiento del violento desalojo que había ocurrido y acudió al Hospital Distrital de Curuguaty, a pedido de uno de los agricultores a los que asistía, para averiguar sobre un pariente que estaría entre los heridos.
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Al momento en que acudió hasta el hospital, fue detenido por la policía de manera arbitraria, llevado a la comisaría 5ª de Curuguaty, donde fue sometido a golpizas y a simulacros de ejecución entre el viernes 15 y el sábado 16 de junio de 2012. Estuvo en prisión hasta el 18 de julio de 2012, imputado como supuesto partícipe de la masacre, según relata Codehupy.
Correa perdió trabajo y estudios tras detención
Posteriormente, la misma fiscalía pidió su sobreseimiento definitivo, ya que se demostró que fue arbitrariamente vinculado al caso. Como consecuencia de su imputación, Miguel Ángel perdió su trabajo y sus estudios universitarios.
A once años de la masacre de Curuguaty, el caso de Miguel Ángel permanece impune, mientras que la Fiscalía se niega a impulsar el caso y a imputar a los responsables, a pesar de que existen al menos tres policías plenamente identificados, según denuncia la coordinadora.
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Aseguran que la denuncia ante el Comité Contra la Tortura busca responsabilizar al Estado por las torturas sufridas por Miguel Ángel, la falta de una investigación seria y eficaz, la impunidad de los autores, la falta de medidas de protección a la víctima y la falta de reparación por los daños sufridos.