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Se declaró asueto el 7 de diciembre, víspera del feriado en el que se celebra el día de la Virgen de Caacupé, mediante el Decreto 802 de la Presidencia de la República, firmado por el mandatario Santiago Peña.
El asueto afecta a todos los funcionarios de la administración pública central y de los organismos de entidades descentralizadas.
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En la justificación del asueto, indican que la conmemoración del Día de la Virgen de Caacupé es una celebración espiritual que tiene profundas raíces en la tradición popular paraguaya.
Virgen de Caacupé y el impacto en la economía
Además de que la celebración del día de la Virgen de Caacupé conlleva la realización de peregrinaciones desde distintos puntos del país hasta la ciudad de Caacupé en los días previos, desde el Gobierno consideran que el asueto y feriado son una oportunidad de gran impacto para el turismo interno, el comercio en general y el movimiento de paraguayos que han migrado a la capital o centros urbanos para volver a sus ciudades natales, o bien visitar a sus familiares.
Agregan que se trata de un feriado de características peculiares, que ocasiona un impacto económico directo e indirecto de gran significancia, por la posibilidad de consumo de bienes y servicios relacionados con el movimiento de personas hacia el interior del país, lo que o vigor a la extensa actividad comercial y turística nacional originada, además de la festividad religiosa para quienes profesan la religión católica apostólica y romana cuyo protagonismo en la formación histórica y cultural es reconocida en el artículo 82 de la Constitución.
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Estos son los motivos por los que, en consecuencia, es tradicional, y justificado, establecer un asueto para la función pública en la víspera del día de la Virgen de Caacupé, no solo por su impacto espiritual, sino también por su impacto positivo en el turismo interno, la economía y en la circulación de paraguayos en su tierra, debiéndose: sin embargo, prever en forma irrestricta la continuidad de los servicios públicos imprescindibles para la comunidad, excluyéndose a los funcionarios públicos afectados a la prestación de dichos servicios.