Los empleados afectados por la “poda” son de diferentes áreas administrativas y de servicios, algunos con más de 15 y 20 años de antigüedad, y salarios promedios que rondan entre los G. 2.500.000 a G. 5.000.000.
Estos funcionarios tampoco van a percibir sus aguinaldos durante este diciembre porque no se previó la partida presupuestaria para el efecto. El anterior gobernador, Christian Ríos (ANR), había presentado el pedido de ampliación correspondiente que fue probada en Diputados, pero falta el visto bueno de la Cámara de Senadores.
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Durante una reunión mantenida esta mañana por representantes de la bancada colorada en la Junta Departamental con el gobernador itapuense se acordó revisar la lista de quienes recibieron las notificaciones de no renovación de contrato para proceder a una recontratación, informó el concejal Silvio Piris (ANR), vocero del grupo.
Asimismo, se acordó que todos cobrarán sus respectivos aguinaldos, pero en enero. El ejecutivo departamental deberá realizar una “reingeniería” para obtener los recursos, afirmó Piris.
Esta “reculada” en la desvinculación de los funcionarios está sujeta a una revisión caso por caso y solamente se tendrá en cuenta a quienes efectivamente se compruebe que tienen alguna función dentro de la administración. “No vamos apañar a los ‘planilleros’, aquellos que vienen a marcar tarjeta y se retiran”, advirtió el concejal Marcelino Galeano (ANR).
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El político pidió paciencia y comprensión a los funcionarios. “Entre ustedes todos se conocen, saben quién viene a marcar la tarjeta y se va, y quiénes son los que cumplen”, puntualizó.
Entre los notificados hay al menos dos funcionarios que ya tienen 70 años de edad y están afectados al área de jardinería, quienes cumplen su tarea con regularidad, según fuentes de la institución. También existen varios funcionarios afectados al programa “Ñemity” de apoyo a la agricultura campesina, cuyo salario depende de los recursos transferidos por la entidad binacional Yacyreta (EBY) a la Gobernación de Itapúa.