Pago de aguinaldo: Ministerio de Trabajo adelanta pedidos de allanamiento

En las primeras dos semanas de enero, el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) recibió 286 denuncias contra 201 empresas por incumplimiento del pago de aguinaldo. En ese contexto, la institución inició el proceso de fiscalización de los establecimientos que no acudieron a la conciliación para ponerse al día con sus trabajadores.

Sin embargo, varias firmas recurrieron a “mecanismos obstructivos para impedir la inspección”, por lo cual se inició el trámite para solicitar órdenes judiciales de allanamiento y así poder ingresar a aquellas empresas.

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El artículo 18 de la Ley 5115/2013 autoriza a la institución a recurrir a un juez competente para una orden de allanamiento de los establecimientos y de instituciones y entidades públicas y privadas, en caso de oposición a que sean inspeccionados y hacer uso de la fuerza pública a dicho efecto.

Cuáles son los sectores más afectados

La mayor cantidad de denuncias por incumplimiento del pago de aguinaldo se registró en los siguientes rubros:

• Empresas de la construcción
• Transporte
• Servicios de limpieza
• Comercio
• Seguridad

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Del total de denuncias recibidas, 207 son nominales y 79 anónimas. En cuanto al medio que utilizaron los trabajadores para reportar la vulneración de su derecho a percibir el aguinaldo, 160 lo hicieron de manera presencial, 72 a través del WhatsApp, 53 vía online y 1 mediante llamada telefónica.

¿En qué zonas no se pagó el aguinaldo?

De acuerdo a los datos del Ministerio del Trabajo, la mayor cantidad de denuncias se registró en empresas de Asunción y Central (57,5%). Y el 42,5% restante corresponden a ciudades del interior del país.

Otros datos que arrojan los registros del MTESS es que el 65% de los denunciantes son varones y el 35% mujeres.

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El Ministerio señaló que la orden de fiscalización se emite luego de que la empresa no haya comparecido a la instancia de conciliación entre las partes, en la que se busca el cumplimiento de la remuneración complementaria.

El proceso puede culminar en una multa administrativa a la patronal denunciada, que va de 10 a 30 jornales mínimos por cada trabajador afectado.