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El que inclinó la balanza a favor del intendente municipal de Saltos del Guairá, Héctor Morán (colorado cartista) fue el presidente de la Junta, Armando García (independiente). Este hizo valer su doble voto para desempatar, ya que la votación nominal resultó seis votos por sector.
El pedido de intervención fue planteado por los concejales David Pereira, Julio Ibarrola, Félix Paniagua, Cayo Cesar Cáceres y Víctor Ayala, este último el único concejal del PLRA que hasta ahora venía siendo del grupo que apoya a Morán. Los demás son todos colorados. Se les unió el concejal Edgar Mencia, también colorado, con los que sumaron seis votos.
Por el rechazo votaron el presidente de la Junta Armando García, Claudio González, Luis Cabañas, Jorge Fleitas, Carlos Garrido y Julio Cesar Báez, estos últimos cinco también colorados.
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El intento de pedido de intervención al Poder Ejecutivo es por supuesto “mal desempeño de funciones y graves indicios de delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones”. Para aprobar dicho pedido se necesitaba 8 votos.
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De defensor a acusador
El vocero y más vehemente acusador del intendente Héctor Morán es el concejal David Pereira, quien fuera abogado defensor del exintendente Carlos Cesar Haitter (exPDP), acusado en sus dos mandatos de supuesta lesión de confianza. De la acusación de su primer mandato fue sobreseído, gracias al eficiente trabajo del ahora concejal, mientras que en la segunda el caso quedó en el tradicional oparei, a pesar de habérsele atribuido por la Contraloría General de la República el presunto mal uso de mas de G. 30.000 millones.
Según el intendente Héctor Morán, el intento de pedido de intervención plateado en el día de la fecha forma parte de una “agente política” que buscará su destitución en forma permanente. Dijo que todo estaría orquestado por la diputada Cristina Villalba, alias la Madrina del Norte que, a pesar de ser de su mismo signo político interno (HC), está molesta y busca venganza por haberle declarado “persona no grata” el año pasado, por una supuesta amenaza contra uno de sus hombres de confianza.
Los ediles anti-Héctor Morán, sin embargo, niegan dicha versión y aseguraron que demostraran que existe corrupción, nepotismo y acefalía, además de otros delitos en la administración comunal. En ese sentido, ya habían presentado una denuncia penal contra el mismo en la fiscalía general del Estado, el pasado 6 de febrero.
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Otra de las consecuencias de la puja entre Morán y Villalba en Saltos del Guairá es la posible pérdida del resarcimiento económico que percibe la comuna y los otros quince municipios de Canindeyú por la pérdida de los Saltos del Guairá o 7 Caídas. Dichos recursos representan aproximadamente G. 40.000 millones al año a las arcas municipales de la capital departamental y aproximadamente G. 1000 millones anuales a cada uno de los demás municipios canindeyuenses.
Todos estos recursos serían adsorbidos por la proyectada Ley Hambre Cero que el Presidente de la República Santiago Peña presentó al Congreso Nacional.
Durante la sesión de la Junta, un reducido grupo de manifestantes que responde al comerciante Juan Alberto “Tito” Rojas, leal de Cristina Villalba en Saltos del Guairá, y otros seguidores del exintendente Carlos Haitter se manifestaron frente a la institución, encabezado por el propio exintendente que fuera derrotado por amplia margen por Morán.