La bancada cartista en Diputados buscará mañana la aprobación a tambor batiente del proyecto de ley de creación del Ministerio de Economía. La intención es que la próxima semana, cuando jure, Fernández Valdovinos ya lo haga como ministro de Economía. Así lo confesó la diputada Cistina Villalba, quien dijo que es la “directriz” que reciben de los técnicos.
SALTO DEL GUAIRÁ. El intendente municipal de esta ciudad, Héctor Morán (ANR, HC), denunció una supuesta amenaza de muerte contra uno de sus principales colaboradores en la Comuna, proferida por la diputada Cristina Villalba. Dicha amenaza se habría hecho saber por intermedio de otro diputado y el afectado ahora está con tratamiento psicológico. El enojo de “la madrina” sería por la falta de apoyo a su candidatura al rekutu por tercera vez por parte de dicho funcionario y el intendente saltoguaireño.
La diputada Celeste Amarilla (PLRA) concurrió este martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales, ante una convocatoria de los parlamentarios integrantes de esta mesa para conversar sobre la demanda que le entabló la diputada colorada cartista Cristina Villalba por difamación, calumnia, e injuria. La convocada recordó a la comisión que está protegida por la Constitución Nacional y que no puede ser molestada por sus dichos.
El diputado colorado Derlis Maidana, de la comisión de Asuntos Constitucionales que estudiará el pedido de desafuero de la legisladora liberal Celeste Amarilla, dijo que el cuerpo no tiene una “preopinión” sobre el caso, aunque criticó a la diputada por “emitir acusaciones genéricas” contra otros congresistas.
Entre los 42 diputados que votaron a favor del proyecto de ley que pretende despenalizar las rectificaciones de datos falsos u omitidos adrede en las declaraciones juradas (DD.JJ.) aparecen procesado o sospechados de tener presuntos vínculos con el narcotráfico. Asimismo, hay un diputado que se escuda en sus fueros para no se procesado por presunto desvíos de fondos estatales y otros con un llamativo crecimiento patrimonial.
La Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), bajo la presidencia de Gerardo Gómez, “regularizó” tragamonedas en sitios prohibidos en 2011. La decisión fue revocada en 2013, por Javier Balbuena. Diez años después, y con el cambio de Gobierno, José Ortiz, aprobó ese mismo plan calificado de ilegal por la propia Fiscalía.