Los hechos investigados incluyen los supuestos delitos de prevaricato, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso, uso de documentos públicos falsos y testimonio falso, en un proceso que involucra a auxiliares de justicia y particulares.
Entre los imputados figuran: una exjueza de Paz de Luque, una actuaria judicial, un ujier notificador, un oficial de justicia, un abogado representante de la empresa Comaco SRL y dos personas señaladas como testigos.
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En el marco de la imputación, el Ministerio Público solicitó medidas suspensivas a la ejecución de la prisión preventiva. La causa queda ahora a disposición del juzgado competente.
Supuestas irregularidades en las notificaciones
Según los antecedentes del expediente, durante el juicio ejecutivo se habrían producido diversas irregularidades procesales. El abogado demandante habría solicitado apercibimientos al juzgado basándose en notificaciones que, en realidad, no se habrían realizado.
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En ese contexto, la actuaria judicial habría informado falsamente a la jueza que las notificaciones fueron practicadas y que la demandada no compareció a reconocer su firma. Con base en ese informe, la magistrada dictó el Auto Interlocutorio N.º 4244, del 11 de junio de 2015, dando por reconocida la firma y ordenando la prosecución del juicio.
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La resolución también habría sido notificada de manera falsa por el ujier notificador.
Informes falsos y ejecución del remate
El oficial de justicia habría consignado falsamente el cumplimiento de intimaciones de pago, embargo y otras notificaciones procesales, supuestamente realizadas en Luque.
Pese a conocer la falsedad de los informes, el abogado habría impulsado el dictado de autos para sentencia de remate. Posteriormente, la jueza, con el refrendo de la actuaria, dictó la Sentencia Definitiva N.º 2814, del 9 de octubre de 2015, ordenando la ejecución y el remate, en aparente violación de derechos y sin que la demandada hubiera sido notificada efectivamente.
La investigación sostiene que los informes falsos elaborados por el ujier y avalados por la actuaria habrían sido utilizados conscientemente por el abogado para impulsar el proceso civil.
Casi 20 funcionarios suspendidos en Luque
En octubre del año pasado, tras el escándalo de la “mafia de los pagarés”, la Corte Suprema de Justicia suspendió a la jueza de Paz de Luque Norma Beatriz Ortiz Ruiz Díaz y a 18 funcionarios de las dos secretarías de la mencionada sede judicial.
En febrero pasasado, luego de meses suspendida, presentó su renuncia la jueza Ortíz Díaz y la Corte aceptó la dimisión.
Por la “mafia de los pagarés” actualmente, se encuentran en estudio acusaciones presentadas recientemente por el caso en contra de 67 personas, entre ellas juezas y exjueces de cinco Juzgados de Paz de la capital, actuarios, ujieres, oficiales de justicia y abogados representantes de empresas crediticias.
Según la investigación, unas cinco mil personas se presentaron como víctimas de la “mafia de los pagarés” en todo el país.