El informe de la CIDH aborda desde diversas secciones lo positivo y lo negativo ocurrido en el año 2025 en los países interamericanos.
Un capitulo lo dedican a Paraguay desde el punto de la Justicia e Independencia, en el cual cita lo acontecido en el Poder Judicial, el Ministerio Público y el Ministerio de la Defensa Pública.
“Con relación al acceso a la justicia e independencia judicial, en 2025, la Corte Suprema de Justicia aprobó el Plan Estratégico Institucional 2026–2030 para fortalecer la institucionalidad judicial, el acceso a la justicia con enfoque de derechos humanos y el control de convencionalidad, además de realizar capacitaciones sobre la aplicación de las “100 Reglas de Brasilia”, refiere el documento
Luego alude a Fiscalía. “ A su vez, el Ministerio Público dio continuidad a sus direcciones de Derechos Humanos y Derechos Étnicos y a programas especializados en trata de personas, explotación sexual, adolescentes en conflicto con la ley, protección de testigos, atención a víctimas y mediación fiscal ”
Señala que el Ministerio de la Defensa Pública brindó 170.790 orientaciones legales, atendió a 119. 928 personas vulnerables y fortaleció la atención a mujeres indígenas.
“Especialmente en el tema de inclusión intercultural, se impulsó una Red Nacional por los Derechos de los Pueblos Indígenas y se creó la Dirección de Defensa de Pueblos Indígenas con peritos en cultura indígena, que atendió a 964 personas” refiere el indorme.
Retroceso con el voto secreto
El informe cuestiona la intención de volver al voto secreto en la máxima instancia judicial. “Con relación a los desafíos, avanzó en el Poder Legislativo un proyecto de ley que propone restablecer el voto secreto en la Corte Suprema, lo que revertiría el sufragio nominal y público y limitaría la transparencia judicial”.
Empero, este proyecto de ley no fue sancionado por el Congreso Nacional.
Sigue diciendo el reporte: “A su vez se registraron incidentes de intimidación y presiones políticas sobre magistrados, mientras el informe Freedom House mantuvo puntajes bajos en independencia judicial y debido proceso”.
En la última parte señala: “Paralelamente, se reveló el esquema de fraude procesal conocido como la “Mafia de los Pagarés”, mediante el cual se ejecutaron deudas falsas con apoyo de funcionarios judiciales. La Corte Suprema, el Ministerio Público, el Congreso y la Defensoría ia adoptaron medidas de intervención, investigación y asistencia a las víctimas".