En lo que va de 2026, la administración del intendente de Asunción, Luis Bello (ANR-cartista), refleja de manera clara esta concentración en el gasto en torno al funcionamiento diario de la comuna. De un total obligado de G. 328.377 millones, entre enero y abril de 2026, los gastos corrientes absorbieron el 90%, más de G. 292.784 millones.
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El rubro específico de servicios personales, que incluye sueldos, bonificaciones y otros pagos a los funcionarios, se llevó de forma directa G. 230.172 millones, lo que representa exactamente el 70% del total de los fondos ejecutados por la municipalidad.
Esta distribución de los recursos revela cómo el municipio prioriza el sostenimiento de la estructura administrativa interna por encima de la calidad y la contraprestación de los servicios públicos esenciales y obras de infraestructura para el ciudadano.
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En el primer lugar del desglose del gasto en personal se ubican las remuneraciones en concepto de jornales, que demandaron más de G. 100.157 millones. Este concepto agrupa la fuerza laboral contratada bajo régimen temporal y operativo de la comuna.
A pesar de constituir el desembolso más elevado, el estado de abandono visible en las calles y espacios públicos contradice el despliegue de los recursos asignados a estas áreas operativas.
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El segundo puesto de la estructura de gastos en servicios personales lo ocupan los sueldos del personal administrativo permanente, con una asignación de G. 66.043 millones. Este monto representa el núcleo rígido de la burocracia centralizada de la Intendencia y la Junta Municipal.
El tercer componente de mayor peso en la masa de recursos destinados al funcionariado corresponde a las bonificaciones y gratificaciones, que acumularon un desembolso de G. 29.239 millones. Estos complementos se suman a las remuneraciones básicas de los empleados.
Contraste financiero: la Municipalidad gasta más en bonificaciones que en obras públicas
El informe expone un contraste escandaloso al comparar los fondos de la partida de personal con el desarrollo de la ciudad. Los G. 29.239 millones destinados a abonar bonificaciones superan a los recursos ejecutados en inversión física, de G. 27.754 millones durante el mismo cuatrimestre. El rubro de infraestructura urbana para los contribuyentes apenas representó un 8% del total obligado por la administración de Bello.
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Las consecuencias de esta política de distribución presupuestaria inciden de forma directa en el progreso urbano, que denuncian de manera sistemática los residentes de barrios como Santo Domingo, Manorá o San Pablo. Estos barrios sufren retrasos crónicos en las obras de infraestructura prometidas por el exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez (ANR-cartista), con los bonos G8 (2022).
Pero el desastre en la gestión no se limita a estos barrios. La multiplicación de baches y la falta de sumideros, infraestructura vial adecuada y recolección de residuos exponen a los ciudadanos de prácticamente todos los barrios de la ciudad a riesgos recurrentes ante la formación de raudales.
De Nenecho a Bello: el fallido blindaje del impuesto inmobiliario para obras
La asignación prioritaria de los ingresos para el financiamiento operativo, heredada de la gestión de su antecesor, pone en riesgo el cumplimiento de la Ley 5.513/15, que establece un blindaje financiero al fijar un tope máximo del 40% de lo recaudado por Impuesto Inmobiliario para gastos corrientes, entre ellos, salarios. La norma exige reservar el 60% restante para inversiones de capital.
Los datos oficiales del primer cuatrimestre de 2026 constatan un modelo de gestión donde la Municipalidad de Asunción prioriza su funcionamiento como una estructura de empleo político interna sobre su rol de gobierno local. La capacidad de recaudación tributaria de la capital es absorbida por los compromisos salariales del funcionariado, postergando las inversiones que demanda la infraestructura de la ciudad.
Camilo Pérez y la opción por la continuidad del modelo “Nenecho”
El panorama electoral con miras a los comicios municipales de octubre introduce un debate crítico sobre el rumbo administrativo de la capital. Desde el bloque de concejales de la oposición, advierten que la postulación de Camilo Pérez (ANR-cartismo) plantea la continuidad del esquema financiero que rige actualmente en la institución.
Humberto Blasco (PLRA) sostiene que un eventual triunfo de Pérez constituiría el “tercer capítulo” de una misma matriz de conducción pública. Esta línea de gestión, compartida por sus correligionarios Óscar “Nenecho” Rodríguez y Luis Bello, cartistas como Pérez, se caracteriza por privilegiar el sostenimiento de los gastos rígidos en detrimento de la inversión en el desarrollo urbano.
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El eje de la discusión se concentra en la preservación de la abultada estructura de empleados y operadores que integran la planilla comunal. En diversas declaraciones públicas, Pérez manifestó de manera abierta su rechazo a la recomendación formulada por el interventor Carlos Pereira, quien sugirió desvincular a 3.000 de los más de 9.000 funcionarios que actualmente prestan servicios en el municipio.
Frente a este diagnóstico técnico, el candidato oficialista alegó poseer una postura diferente, argumentando que buscará los mecanismos para evitar que el cese de contratos afecte el sustento de las familias dependientes de la institución. Si bien Pérez propone ejecutar una reingeniería interna dentro del aparato administrativo, condicionó las eventuales desvinculaciones exclusivamente a aquellos casos donde se compruebe la condición de “planilleros”.