El Ministerio de la Defensa Pública impulsó nuevas medidas para transformar el sistema de protección infantil, agilizar los procesos y priorizar el bienestar de los menores.
El plan central apunta a que las personas anotadas para adoptar también puedan funcionar como familias acogedoras, mientras se define la situación legal del menor.
Para lograrlo, la institución solicitó modificar dos decretos vigentes:
- El N° 5402/2021, que reglamenta la Ley N° 6486/2020, la cual establece las pautas para la “Promoción y Protección del Derecho de Niños, Niñas y Adolescentes a Vivir en Familia, que Regula las Medidas de Cuidados Alternativos y la Adopción”.
- El N° 2632/2024, que aprueba el Programa Nacional de Cuidado Alternativo y Adopción, diseñado para operativizar y ejecutar de manera integral las políticas de abrigos residenciales, familias de acogida y procesos de adopción en el país.
Actualmente, el sistema enfrenta un descalce evidente: entre 2024 y 2025, apenas una de cada veintidós adopciones provino del sistema formal de postulantes sin vínculos previos. Las otras 21 se concretaron gracias a familias que ya cumplían un rol de guarda temporal.
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Claves del nuevo esquema
- Más familias temporales: Ampliar el universo de postulantes habilitados, bajo estrictas evaluaciones de la Dirección General de Cuidados Alternativos (DICUIDA), para dar hogares estables mientras se define la situación legal del menor.
- Menos burocracia: Reducir los tiempos de espera y evitar que los niños pasen largos períodos en hogares de abrigo institucional.
- Coordinación estatal: Armonizar los trámites de cuidado alternativo y adopción para ganar transparencia y eficiencia.
Mano firme contra las “entregas directas”
Ante la preocupación por las entregas directas de niños, prácticas irregulares que luego buscan legalizarse apelando al tiempo transcurrido y al afecto generado, la Defensa Pública emitió la Circular D.G. N° 02/2026.
Esta normativa obliga a los Defensores Públicos de la Niñez de todo el país a seguir una hoja de ruta estricta. A partir de ahora, cualquier pedido de guarda por parte de terceros deberá pasar por una rigurosa evaluación de la Dirección General de Cuidados Alternativos (DICUIDA).
Con estas acciones, el Estado busca dejar atrás la improvisación y garantizar que cada decisión proteja verdaderamente los derechos de la infancia vulnerable.