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Hospital de Clínicas: presentan denuncia penal luego de hallar irregularidades en cirugías fetales

Tras intervención en el Hospital de Clínicas presentan denuncia penal por muerte de fetos tras cirugías intrauterinas.
Tras intervención en el Hospital de Clínicas presentan denuncia penal por muerte de fetos tras cirugías intrauterinas.Lucía González

La denuncia penal fue presentada ante la fiscalía de San Lorenzo por el interventor de la cátedra de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas, Roberto Corbeta Bizozzero. Se habla de faltas éticas, uso de medicamentos vencidos, procedimientos no autorizados y más.

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El proceso de intervención en la Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad (FC-UNA) se inició a raíz de varias denuncias por maltrato del personal de obstetricia.

Durante el proceso de investigación se hallaron varias irregularidades a causa de la muerte de 4 fetos tras cirugías intrauterinas. Según la denuncia, aparentemente sucedían por la falta de un protocolo ético o clínico aprobado.

Según la investigación, la Cátedra llegó a realizar 25 intervenciones quirúrgicas intrauterinas. Muchas de ellas resultaron en la muerte de los fetos dentro del vientre de la madre.

Según la denuncia, se habría duplicado la tasa de muertes neonatales reducibles del 5.3 por mil al 13.7 por mil, registrándose múltiples óbitos corroborados por los testimonios de madres afectadas y datos obtenidos.

A causa de la denuncia presentada, el Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA nombró interventor a Roberto Corbeta Bizozzero para iniciar una investigación.

Documento presentado por el interventor el Prof. Dr. Roberto Corbeta Bizozzero ante irregularidades denunciadas en la Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.
Documento presentado por el interventor Roberto Corbeta Bizozzero ante irregularidades denunciadas en la Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia del Hospital de Clínicas de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA.

El proceso empezó en las primeras semanas del mes de agosto, y duró 40 días. Durante ese lapso fue apartado de su cargo el jefe de Cátedra y Servicio de Gineco-Obstetricia Miguel Ruoti Cosp sobre quien pesa la investigación al ser el responsable del área intervenida.

Hallan varias irregularidades

Durante la intervención, se identificaron varios casos de mujeres embarazadas cuyos bebés fueron diagnosticados con malformaciones congénitas durante la gestación.

Para corregir estos trastornos físicos, las madres fueron sometidas a procedimientos de cirugía fetal, mediante los cuales los bebés eran intervenidos quirúrgicamente dentro del útero materno.

Posteriormente, los bebés eran sometidos a evaluaciones médicas durante el proceso de nacimiento, a fin de verificar su evolución y las condiciones de salud tras las intervenciones.

Sin embargo, este procedimiento, según la denuncia, realizada por el interventor, no contaba con la anuencia del área de Ética e Investigación, y de Bioética de la Facultad de Ciencias Médicas de la UNA. Según, explicó, son requisitos fundamentales para realizar los procedimientos.

“Para realizar este tipo de procedimientos se debe presentar un protocolo en el área de Ética e Investigación, y en Bioética, porque es un trabajo asistencial y de investigación, pero ninguna de las dos cosas presentó. Es algo grave lo que pasó, porque no se puede hacer algo que nunca se hizo en el hospital sin consultar con Ética”, explicó Corbeta.

Otro punto hallado durante el proceso de intervención es que muchas de las fichas no contaban con el consentimiento informado.

“Es decir, no se le informaba a la madre embarazada el procedimiento que se le iba a practicar, así como los posibles riesgos, complicaciones, o beneficios. No hallamos documento alguno que acredite que la embarazada estaba enterada, y que consentía dicho procedimiento”, explicó el médico.

“Además, las fichas de los pacientes que fallecieron no se encontraron, y creemos que se pudieron haber ocultado. Es por eso que me di a la tarea de localizar a cuatro pacientes, que corroboraron que no se les explicó lo que se les iba a hacer, y que no se les hizo firmar nada. Todo quedó documentado”, refirió el médico interventor.

En la investigación se observó la falta de coordinación con áreas como el Departamento de Neonatología. “Los jefes no eran avisados de los procedimientos para coordinar una atención especializada. Del total de las intervenciones solo fueron avisados de 11 casos”, explicó el interventor.

Denuncias de “mobbing”

Se suman también los casos de denuncias de personal de blanco que fueron sometidos a maltratos. En total, unos 40 obstetras, además del personal médico del área de neonatología y pediatría se sumaron a la denuncia por mobbing laboral.

Según Corbeta, aplicaban medicamentos vencidos

“Otras de las situaciones que se puede considerar como de gravedad es que se anestesiaba a los fetos. Dos anestesiólogos denunciaron la manera en que se realizaba el procedimiento, además se utilizaban drogas que no estaban permitidas a nivel internacional. Le hacían anestesia al feto, y por supuesto las madres no sabían. Además, de que se utilizaban medicamentos que ya estaban vencidos”, detalló el galeno.

Consejo analizaría hoy resultados de la intervención

El interventor Corbeta explicó la necesidad de que sean tratado los resultados de la intervención por el Consejo Directivo el día de hoy.

“Toda la información está en formato físico en 10 folios de 100 hojas, junto a un resumen de 90 hojas, y la conclusión de dos hojas. No se incluyó en el orden del día de hoy, pero se va a proponer su estudio en asuntos varios, y si se aprueba voy a entrar a explicar todo lo hallado durante la intervención”, explicó el médico.

Corbeta sugiere el sumario y separación del cargo del jefe de Cátedra y Servicio Miguel Ruoti Cosp, quien fue separado del cargo cuando se inició la intervención.

El decano interino en ejercicio, Andrés Alberto Szwako, lo repuso en el cargo, pese a que la decisión correspondía al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Médicas, según la denuncia.

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