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El procedimiento tiene como fin recabar documentación e información sobre la operación de compra directa por la vía de la excepción de la Senad que favoreció a la empresa Televox SRL.
La Fiscalía sospecha que Televox SRL sería una empresa de fachada, creada solamente para vender el equipo e escuchas telefónicas a precio sobrevaluado. Como propietario de esta firma aparece Nicasio Bóbeda (77), quien no tendría la capacidad económica para realizar la elevada transacción con el Estado.
El actual ministro del Interior, Francisco de Vargas, en ocasión de desempeñarse como titular de la Senad, adquirió el equipo de espionaje telefónico llamado “sistema de rastreo sensitivo móvil”, que ya había sido ofrecido a la Policía Nacional en 2010, pero por solo US$ 200.000.
Empero, el 29 de enero de 2013, la Senad desembolsó a favor de Televox G. 9.406.120.000 por el mencionado equipo. Posteriormente, la Secretaría nuevamente pagó en 2015, a favor de Televox, otros G. 1.251.000.000 por los denominados “equipos tácticos de comunicación”, ya con Luis Rojas como titular de la Senad.
La Contraloría General de la República, reveló tras una auditoría que la Senad pagó 9.406.120.000 G por el Sistema de Rastreo Sensitivo Móvil, sin embargo el desembolso se realizó “sin asegurar la recepción total del bien” según consta en el contrato N° 32/2012 firmado con Televox SRL.
Tampoco se visualiza la póliza de seguro garantía de cumplimiento del contrato, sostiene el informe, que debía ser presentado hasta diez días después de la suscripción del contrato. También se observa que la compañía redacta la remisión del bien en una simple hoja membretada, no permitido por las normas tributarias.
Finalmente revela que no se ha encontrado documento alguno que evidencie la inscripción que acredite a Televox SRL para la venta de este tipo de equipos y el soporte técnico necesario.