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El senador Víctor Bogado (ANR) publicó en su página de Facebook un video en el que detalla sus ingresos desde 1992 hasta marzo de 2019. Afirmó que en estos 27 años ganó US$ 2.320.000 y que actualmente su patrimonio asciende a US$ 2.014.000. Hay una diferencia de US$ 306.000.
Se puede inferir que en todo este tiempo solo gastó poco más de US$ 300.000 en bienes y servicios que no aumentaron su patrimonio -como los gastos de consumo-, lo que representaría en promedio menos de G. 5.000.000 al mes. Sin embargo, no dio a conocer muchos detalles de la declaración jurada, por lo que no se sabe cuál era su patrimonio inicial o si recibió herencias o donaciones.
En el video sí detalla el resumen final de la declaración jurada, donde se ve que declaró deudas, compromisos crediticios y otros pasivos por US$ 157.000, por lo que el valor neto de sus bienes es de US$ 1.857.000.
En lo que respecta a los ingresos, los mayores fueron como diputado entre 2003 y 2013, y senador desde el 2013 hasta ahora. En el Congreso ganó más de US$ 1.570.000. Los otros ingresos fueron como funcionario y presidente de Antelco, director de Conatel, docente y profesional independiente, siempre según su declaración hecha bajo juramento.
En un momento habló sobre la financiación de las campañas electorales, pero fue ambiguo. "En casi toda las elecciones hemos recibido la coloboración de muchos buenos amigos del partido, pero gran parte de los costos lo hemos cubierto con recursos propios", dijo sin especificar si se refería a dinero de él o de la Asociación Nacional Republicana.
El video es una promoción a su figura y primero hace una reseña de su vida y carrera política. El legislador colorado está salpicado por el caso "niñera de oro". La Fiscalía lo procesó por las sospechas de pagar a su niñera con dinero de la Itaipú.
Bogado sostuvo que hizo público su patrimonio declarado en la CGR, siguiendo la línea del proyecto de ley que votó en el Senado y que se aprobó, pero que retornó con modificaciones introducidas por Diputados. Se trata de una propuesta legislativa para que que las declaraciones juradas de bienes sean consideradas información de acceso público.
Igualmente, lo hace un año después de que el Grupo Impulsor de Acceso a la Información (GIAI) inició una batalla legal contra la Contraloría a fin de que la Corte falle a favor de que las declaraciones juradas son informaciones públicas y deben ser de acceso público.