Fiscal justifica inacción

El fiscal Álvaro Rojas ensayó todo tipo de pretextos para tratar de justificar su inacción ante el caso de la avioneta perteneciente a Chicharõ que mató a tres personas al aterrizar sobre una moto, en julio del año pasado.

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El agente del Ministerio Público se refirió a los cuestionamientos por la falta de resultados en la investigación abierta ya el año pasado luego de la tragedia protagonizada por la avioneta del diputado suplente Carlos Rubén Sánchez (ANR), alias Chicharõ, actualmente detenido e imputado por lavado de dinero.

A las 18:00 del martes 22 de julio de 2014, en Capitán Bado, dos motocicletas circulaban por un camino vecinal de Colonia Cadete Boquerón: en una iban las hermanas Celia e Isabel, junto a Robinson, de 2 años, hijo de Celia. En el otro biciclo viajaba el esposo de una de ellas. La familia aceleraba el paso considerando que oscurecía, cuando repentinamente la aeronave con matrícula ZP-BAJ aterrizó de emergencia y se llevó por delante la moto en la que iban las jóvenes y el pequeño, quienes murieron prácticamente al instante.

Ha pasado casi un año de aquel suceso y hasta el momento el avance en las investigación fiscal es casi nulo. La primera justificación que dio el fiscal que fue el hecho ocurrió cuando él se encontraba de vacaciones. “En primer lugar, esa causa penal había ingresado a mi unidad fiscal en el periodo en que estaba de vacaciones”, refirió en contacto con Canal 100.

Indicó que las demoras se deben a que “no he intervenido en las primeras diligencias”. Con respecto a qué hizo desde que tomó el caso, señaló que pidió informes a la Dinac, tras lo cual se “descubrió” que la matrícula de la avioneta estaba inscripta a nombre de Eliodoro Valois Sánchez. “A partir de ahí se le ha imputado a esta persona y él se ha sometido a la justicia, pero resultó que este señor es un hombre de más de 80 años”, explicó.

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Comentó que luego llamó a declarar al único testigo presencial, es decir el padre del menor -uno de los tres fallecidos-, pero “llamativamente se ha resistido inicialmente a comparecer”. Esta resistencia a declarar obedece aque esa misma noche -horas después del fatal accidente- los supuestos capangas de Chicharõ lanzaron todo tipo de amenazas.

Posteriormente, los “mensajeros” contactaron a doña Ignacio Ayala, madre de las jóvenes y abuela del niño fallecidos, para advertirle que no presentara denuncia alguna y prometieron que Chicharõ le otorgaría una indemnización. Un mes después, la mujer debió acudir a Asunción, ya que el político estaba preso en Tacumbú. Durante la “entrevista” en la cárcel, el colorado le reiteró que no denuncie el hecho, a lo que la madre indicó que sí lo reportaría ante la Fiscalía que luego del accidente tres personas se presentaron a vaciar la avioneta del siniestro.

La mujer finalmente se presentó a declarar ante la Fiscalía, que ni siquiera se dignó a convocarla, pero todo quedó en la nada. “Nada hicieron hasta ahora. Está preso ahora y no puede ser que por lo menos no se le indique este caso. Cada vez que me voy a la Fiscalía no hay nada”, expresó en la víspera a ABC Color recordando el suceso.

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