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“Y, especialmente, que los establecimientos agroganaderos no cumplen con las leyes ambientales y ni siquiera aportan con impuestos para la redistribución justa del dinero”, expresó a la prensa.
Paraguay es el cuarto exportador mundial de soja, que ocupa unas 3 millones de hectáreas, y es, junto con la ganadería, la mayor fuente de divisas del país.
Además, es el país con la segunda mayor concentración de tierras en el mundo, ya que el 2,6% de los propietarios detentan el 85,5% de la superficie agraria, según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) .
La Conferencia Episcopal coincidió con los reclamos que la Federación Nacional Campesina (FNC) y otros importantes grupos de labriegos están haciendo desde hace meses, pidiendo que el Gobierno controle el uso de los agroquímicos.
Las organizaciones campesinas aseguran que miles de familias se ven obligadas a abandonar sus campos porque los químicos usados a gran escala y sin restricciones afectan a sus viviendas y vecindarios.
Según la FNC, no existe un control exhaustivo de las fumigaciones con pesticidas en las plantaciones de soja y el propio Gobierno paraguayo ha reconocido que es insuficiente.
Según la organización, en Paraguay se utilizan cada año 60 millones de litros de agroquímicos.