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El procedimiento fiscal-policial se realizó el pasado 11 de febrero y, casi tres semanas después, ningún comerciante de la Galería San Miguel del Mercado 4 logró presentar documentación que justifique el origen de los más de 3.000 aparatos requisados por el Ministerio Público.
"No presentaron ni una miserable factura", dijo la fiscala Carmen Gubetich, quien recordó que los vendedores estuvieron al día siguiente con sus abogados alegando inocencia y reclamando que les habían robado su mercancía.
La fiscala afirmó que las bolsas con los celulares estuvieron en su despacho hasta el 28 de febrero, a la espera de que alguno de los comerciantes apareciera, para que vieran lo incautado con los nombres de cada uno y de las causas, pero como no se presentaron, la investigadora envió la mercancía al depósito del Ministerio Público.
"De las tres casas de ventas que allanamos, aparté los celulares enteros, porque muchos de ellos tenían solo la parte de adelante, la de atrás y la batería", señaló la agente, quien lamentó que se sigan perpetrando numerosos robos de celulares que posteriormente son comercializados en el mercado negro.
"Los motochorros seguirán robando en la medida en que tengan dónde puedan ir a vender estos teléfonos. Te aseguro que ellos no los quieren de por sí, lo que quieren es ir a sacar una plata. Si siguen existiendo personas inescrupulosas que se encargan de comprar, esto seguirá habiendo", advirtió la agente Gubetich.
Los aparatos incautados durante el procedimiento realizado el 11 de febrero serán sometidos a peritaje y, en caso de comprobarse que las características corresponden a los denunciados como robados, serán devueltos a sus propietarios.