La fiscal Estefanía Gónzalez imputó a Fernando Corvalán Núñez de 47 años, empleado de la Municipalidad de Asunción que se desempeñaba como guardia del cementerio. También Felipe Álvarez Ramírez, de 49 años, y a Felipe Romero, 63 años, albañiles y cómplices del guardia.
Los tres sujetos son responsables de la supuesta comisión de hechos punibles contra los bienes de las personas y contra la paz de los difuntos. El funcionario municipal se expone a una pena de hasta 10 años, mientras que el resto hasta 3 años.
La investigación indica que el guardia del cementerio y los albañiles fueron sorprendidos comercializando un ataúd. El Ministerio Público a raíz de las denuncias, se realizaron grabaciones de audio y vídeo de las reuniones de quienes sustraían los ataúdes y los compradores.
El sábado 20 de septiembre se concretó la negociación entre el denunciante Cristian Ayala y el guardia del cementerio, en donde se fijó la entrega de un ataúd en la noche del 23 de septiembre por la suma de 1.500.000 guaraníes. Mediante un operativo encubierto se logró detener a quienes ahora están privados de su libertad. Según la investigación fiscal estas personas hurtaban los ataúdes para venderlos nuevamente a las empresas funerarias.
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