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Ayer la Cámara de Diputados sancionó el proyecto de ley por el cual se expropia 14.404 hectáreas al empresario alemán Heribert Roedel, a favor de la comunidad indígena Sawhoyamaxa. Ahora solo falta la promulgación del presidente Horacio Cartes.
Esta devolución responde a una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que condenó al Estado paraguayo en 2006 por violar los derechos de esta comunidad y le dio plazo hasta el 2009 para devolverle los terrenos.
Sin embargo, ahora se debe pensar qué harán y cómo se desarrollarán ahí las 150 familias indígenas que de hecho ya habían ocupado una parte del terreno, porque el Estado se demoraba en tratar su caso.
El abogado Ireneo Tellez, quien representa a la comunidad indígena en instancias legales, dijo que el Estado deberá cumplir con el diseño y ejecución de proyectos para que ellos puedan desarrollarse en el lugar.
De hecho el Estado ya había desembolsado más de 3.000 millones de guaraníes, que debían ser utilizados para los proyectos en las comunidades Yakye Axa y Sawhoyamaxa del pueblo Enxet. Este monto también se desprendía de la condena de la CIDH.
Sin embargo, la corrupción una vez más se interpuso en el camino y ese dinero desapareció. Por ello esta procesado Rubén Quesnel, el propio extitular del Instituto Paraguayo del Indígena (INDI).
Tellez dijo que anteriormente se conformó un comité, integrado por un representante de la comunidad, un representante del Estado y otro que surgió del consenso de ambas partes y debe ser ese comité el que se encargue de diseñar y ejecutar los proyectos de desarrollo.
El problema está en que ahora habrá que esperar la disponibilidad del Estado para contar con los recursos económicos para que esos proyectos se desarrollen.