Durante un mes, el Ministerio de Justicia y Trabajo realizó una inspección en 55 supermercados de Asunción y el departamento Central, a fin de conocer la situación laboral de los trabajadores, tanto los que están vinculados directamente con la empresa como los que dependen de otras firmas y que cuentan con un espacio dentro de los supermercados, es decir, los tercerizados.
El trabajo consistió en fiscalizar el ambiente laboral y realizar encuestas a unos 5.733 trabajadores, según informó Elsa Bogado, jefa de Departamento de Inspección y Vigilancia del MJT. En las averiguaciones se dividió en tres categorías a los trabajadores: en primer lugar, los dependientes directos de los supermercados; en segundo lugar los repositores y limpiadores, que no dependen de los supermercados, y en cuarto lugar, los carriteros.
Los datos recabados en los supermercados del departamento Central dieron a conocer que los funcionarios vinculados directamente con las empresas reciben, en mayoría, salarios mínimos y seguro social, algo que deja de lado el pensamiento de que los supermercadistas son “negreros”.
Según la encuesta, el 78% de las empresas cumple con el decreto Nº 5.080, que impone al empleador la obligación de inscribirse en el MJT y presentar planilla de sus trabajadores anualmente.
También notaron que el 69% de estos trabajadores tiene seguro social de IPS y que el 86% percibe el salario mínimo.
Diferente es la situación con los tercerizados, aquellos contratados por una empresa para trabajar en un supermercado ya sea como limpiadores, guardias de seguridad o repositores.
Los trabajadores de este sector son los más perjudicados en cuanto al cumplimiento del Código Laboral, lo que se constató con la encuesta, puesto que ello ya se demuestra con la primera cifra: el 60% no percibe salario mínimo, es decir, 6 de cada 10 no cobran lo que deben cobrar.
A esto se suma que el 64% no tiene un contrato laboral y que el 58% trabaja más de ocho horas y ni siquiera percibe pago por horas extraordinarias.
Más grave se torna la situación al constatarse que el 64% de los tercerizados no posee cobertura social de IPS o de ninguna clase. También se pudo observar que una parte de los trabajadores debe comprar sus propios implementos laborales, porque el 31% no provee de uniforme ni de equipo par el personal.
Los empaquetadores o carriteros son en su mayoría adolescentes que trabajan en los supermercados. Son considerados como "cuenta propistas", ya que generan sus ganancias a través de los pagos que perciben por parte de los clientes del supermercado.
No tienen un salario fijo que otorgue el supermercado, pero, pese a ello, la empresa tiene como obligación darles cobertura social y ayudarles en su capacitación a través del programa Proela.
“Los carriteros o empaquetadores, en su mayoría, estan en el programa de entrenamiento laboral denominado Proela de la Fundación Dequení. Este programa establece ciertas condiciones, entre ellas tener entre 14 y 17 años con seis meses de edad y, en ese sentido, todos los jóvenes se encuentran dentro de esa franja etárea. Tienen que estar matriculados en una institucion, y todos asisten a un centro educativo”, señaló Elsa Bogado.
La funcionaria del MJT señaló que hallaron un alto porcentaje de lugares que no cuentan con una comisión para prevenir accidentes laborales.
“La Comisión de Prevención de Accidentes (CIPA) es una comisión interna que debe conformar una empresa, en especial aquellas que tienen gran cantidad de trabajadores a quienes deben adiestrar para prevenir los accidentes”, explicó.
Seguidamente, sostuvo que con la investigación se constató que el 55% de los supermercados no tienen un CIPA, por lo tanto, sus empleados no reciben adiestramiento para casos de accidentes laborales.