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Turba evitó tratamiento de veto sobre balance en J. Augusto Saldívar

Este artículo tiene 7 años de antigüedad
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J. AUGUSTO SALDÍVAR. La Junta Municipal de esta ciudad tenía que estudiar el veto del ejecutivo con relación al rechazo del balance del ejercicio 2017, pero no se pudo por que una turba irrumpió el pleno en apoyo al intendente, Daniel Báez (PLRA).

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Los manifestantes, todos de asentamientos, coparon el sector de la corporación legislativa y evitaron que algunos ediles llegaran a la sala. Otros optaron por retirarse, porque el ambiente se tornaba cada vez más hostil.

“Ante la falta de seguridad y por el ambiente hostil algunos concejales no pudieron ingresar y no se pudo tener el quórum para la sesión. Para evitar cualquier enfrentamiento entre los dos grupos tuvimos que levantar la sesión”, expresó el presidente, Edgar Giménez (ANR).

Según los ediles, los manifestantes fueron arreados por el propio jefe comunal, justamente para evitar el estudio del veto, debido a que existían dudas sobre la cantidad de votos para mantenerlo firme.

Un total de 8 ediles rechazaron la rendición de cuentas de Báez, por supuestas graves irregularidades en el uso de los recursos de Royalties y del Fondo Nacional de Inversión Pública y Desarrollo (Fonacide), de unos G. 7 mil millones. Pero la concejala Rosa Ibarra, liberal, habría cambiado de postura tras una visita del intendente.

Si la edil cambia de postura y apoya al jefe comunal el veto quedará firme, porque la junta precisa de dos tercios para mantener el rechazo de la ejecución presupuestaria, es decir 8 votos.

El titular de la corporación alegó que el orden del día establecido para el hoy queda íntegramente para el próximo martes y que solicitarán mayor resguardo policial para que se pueda tratar el veto del ejecutivo. Sin embargo, el intendente negó que haya convocado a los autodenominados "sin techos" y que se convocaron espontáneamente.

Nuevamente reiteró que el rechazo de su balance es político y que las obras se hicieron. La junta presentará la denuncia ante la Contraloría y la Fiscalía para una investigación y que el jefe comunal aclare donde fueron destinados los recursos de Fonacide y royalties del año pasado.

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