La inteligencia artificial ya está tomando decisiones dentro de las empresas. En muchas de ellas, si mañana hubiera que rendir cuentas por esas decisiones, nadie sabría exactamente cómo explicarlo.
Según el IBM Global AI Adoption Index 2024, el 42% de las empresas a nivel global ya implementaron IA en sus operaciones, pero solo el 24% cuenta con políticas formales de gobernanza. En América Latina, la brecha es aún mayor.
En 2023, una aseguradora europea tuvo que anular 60.000 pólizas porque su sistema de IA había discriminado por código postal durante meses. El sistema operó sin supervisión efectiva. La organización no tenía definido quién debía auditar ese criterio. El costo: 12 millones de euros y una crisis de reputación irreversible.
¿Cuántas empresas paraguayas podrían explicar hoy cómo toman decisiones sus sistemas automatizados?
La discusión empresarial sobre inteligencia artificial suele centrarse en herramientas, costos y ventaja competitiva. Pero la adopción de estos sistemas no es un desafío tecnológico. Es un desafío de decisión estratégica, de control interno y de responsabilidad corporativa.
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En Paraguay, donde la transformación digital avanza con fuerza en sectores como banca, retail y agronegocios, esta brecha entre adopción y gobernanza se está ampliando.
Incorporar IA no es sumar software. Es delegar decisiones que impactan en clientes, datos y patrimonio: atención al cliente, evaluación crediticia, segmentación comercial, prevención de fraude, selección de personal. ¿Quién responde si fallan?
Delegar decisión implica redistribuir responsabilidad.
La inteligencia artificial no elimina la responsabilidad. La desplaza, la fragmenta, la vuelve más técnica y menos visible. Si una decisión automatizada afecta a un cliente, genera un sesgo involuntario o expone información sensible, la consecuencia no es del algoritmo. Es de la organización que decidió implementarlo. El riesgo no está en la tecnología. Está en adoptarla sin haber definido previamente el marco que la gobierna.
Adoptar con estructura implica decisiones concretas. ¿Quién autoriza la implementación? ¿Quién valida los criterios? ¿Qué procedimiento se activa si se detecta un fallo? ¿Quién asume la responsabilidad frente a terceros? Estas preguntas no son técnicas. Son de gobierno corporativo.
El problema es que, en muchas organizaciones, nadie las está haciendo. Hay CEOs firmando implementaciones de IA sin haber leído una sola línea del marco de supervisión. Porque no existe. Hay directorios aprobando presupuestos para automatización sin preguntar: “¿Quién responde si esto falla?”.
La presión por no quedar rezagados acelera la implementación antes de que exista un marco interno sólido. Se implementa primero. Se estructura después. Y cuando la estructura llega tarde, el costo coincide con la crisis: un reclamo formal, una auditoría o un incidente de reputación.
Cuanto más integrada está la inteligencia artificial en procesos centrales, mayor es el efecto multiplicador de cualquier error. Un criterio mal configurado puede replicarse miles de veces antes de ser detectado.
La verdadera diferencia competitiva no estará en quién adopta más rápido, sino en quién puede demostrar que su adopción está respaldada por reglas internas claras, responsables definidos y mecanismos de control proporcionales. La inteligencia artificial seguirá expandiéndose. La velocidad puede generar ventaja competitiva. La madurez institucional es la que evita la crisis.
Cuando llegue el momento de rendir cuentas —y siempre llega— la tecnología no hablará. Tendrá que hacerlo la estructura que la gobernaba.
La pregunta no es si las empresas paraguayas están usando inteligencia artificial. La pregunta es: ¿quién va a firmar la carta de disculpas cuando el sistema falle? Porque va a fallar. Y cuando eso pase, la tecnología no hablará. Alguien en la empresa tendrá que hacerlo.
*Gobernanza, Riesgo y Responsabilidad Empresarial en IA | Fundadora de SASS Consultoría.