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El presidente de la Corte Suprema de Justicia, Antonio Fretes, intenta a toda costa desligarse de la tremenda denuncia sobre el pago de más de G. 2.000 millones que recibió su hijo para evitar la extradición de Hijazi a los Estados Unidos, procesado por lavado de dinero proveniente del narcotráfico.

ÑEE/18/11/2022
ÑEE/18/11/2022Caló, ABC Color

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Antes que salte el escándalo, Fretes en una reunión de la Corte salió gua’u a desautorizar a su familia a invocar su nombre. Todo indica que ya sabía lo que se venía.

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Los diputados de la multibancada embretaron a los liberales y colorados a promover el juicio político contra el ministro Fretes. Sólo los azules reaccionaron y anunciaron que ya preparan el libelo acusatorio.

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Algunos diputados ya dicen que va a correr mucha plata con este nuevo intento de juicio político, si se le da trámite. Otros no quieren dejar de hacer campaña.

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Los cartistas se llamaron a silencio y no se prununciaron “institucionalmente” sobre el caso de “coima documentada”. Los oficialistas, por su lado, nuevamente se quedan en el “análisis” por no decir que no harán absolutamente nada, posiblemente.

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Qué vergüenza las declaraciones de “Cachito”, que ya hizo de fiscal y juez. En una llamativa defensa absolvió de toda culpa a Fretes y dijo que él confirmó que el ministro firmó la extradición de Hijazi y que con eso desbarata la denuncia de su colega Pedro Santa Cruz. ¿Será que hay un trato kure? ¿Algún retorno de favores?

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Ayer la mayoría de ministros de la Corte fueron a almorzar a la casa del presidente de la máxima instancia judicial. Allí le dijeron –según fuentes– que procedió jurídicamente de forma correcta al rechazar el pedido de extradición.

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También le dijeron que debe atender si se le viene la tormenta política y que si en Diputados se reunen los 53 votos ya no se salva.

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Calladitos los senadores hicieron de las suyas al dar media sanción a un proyecto de ley que beneficia a los bandidos. Aprobaron una norma que plantea el proceso abreviado para delitos y crímenes con expectativa de pena ¡de hasta 12 años! Todo con la excusa de evitar el hacinamiento en las cárceles.

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