Se trata de un programa que se viene desarrollando desde hace unos años, con recursos proveídos por la Entidad Binacional Yacyretá (EBY). El año pasado el presupuesto para el programa fue de poco más de 6.000 millones de guaraníes, según los datos.
El monto parece mucho dinero, pero es nada para atender las necesidades de los sectores más débiles de la cadena productiva históricamente relegados de las oportunidades de capacitación, créditos y de negocios.
Y peor aún, cuando el grueso de ese dinero se esfuma en manos de los eternos vendedores de humo que pululan en torno a este tipo de “programas” que se arman en nombre del campesino pobre, traducidos en viáticos, gastos amañados y un sinfín de estratagemas para justificar su utilización.
La ejecución 2019-2020 del famoso “Ñemity” se había encarado con un supuesto nuevo modelo de gestión, impulsado por el actual director de la EBY, Nicanor Duarte Frutos. Los cambios introducidos darían al ente financiador mayor intervención en el control del uso de ese dinero, con base en experiencias anteriores donde el empleo de esos recursos se hacía como un verdadero carnaval sin control.
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En ese contexto, un informe interno de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) sobre la ejecución del programa 2019-2020, canalizado a través del delegado del director general, Fidel Servián, menciona una serie de inconsistencias, por llamarlo de una manera elegante, en la ejecución del mismo por parte de la Gobernación de Itapúa.
Habla de la no ejecución de algunos programas previstos en la matriz del proyecto, como por ejemplo capacitación para el control de hormigas, provisión de semillas de calidad germinativa, provisión de sembradoras, ejecución de un programa con productores de una comisión vecinal en el barrio Arroyo Porã, entre algunos otros.
Pero el más significativo de los puntos puestos en tela de juicio es la contratación de un servicio de rastreo satelital de máquinas agrícolas por el que se pagó más de 580 millones de guaraníes, cuando en el proyecto de ejecución estaba presupuestado apenas G. 150 millones.
Más llamativo resulta cuando la institución departamental tenía adquirido un sistema de rastreo satelital por el que había pagado la suma de G. 150 millones mediante contratación directa a la empresa Localiza SA, representada por Jorge Torres y Carlos Bogarín. Se trata de la Contratación directa, N° 08/2018, ID N° 348.195 “para la adquisición de sistema de Rastreo Satelital GPS para 40 Tractores del Programa Ñemity 4.0, y la elaboración de plataforma de sistema de información geográfica para el control y la trazabilidad de la mecanización de los suelos con las maquinarias”, según publicó la misma Gobernación de Itapúa en su página web oficial.
Supuestamente todas estas “inconsistencias” de la ejecución fueron evacuadas en un informe de la institución departamental ante la EBY, y la prueba está en la renovación del convenio para el periodo 2020-2021. Pero como el papel aguanta todo, y como señala el dicho popular, entre bueyes no hay cornadas, flotan razonables dudas de que aquí se aplicó la paraguayísima “ley del ñembotavy”, y aquí “no pasó nada”.
Durante el tiempo que el actual director paraguayo de la EBY le tocó ejercer la presidencia de la República, con la elocuencia que lo caracteriza, había popularizado una frase en guaraní: “iporã ña confiá, pero iporãve ña controlá”. En este cuento del “Ñembotavy 4.0” hay elementos que alguna instancia de control debe investigar.
Por aquí pasa el apytu'û del asunto. El dinero que se usa no es ni del director de la EBY, ni del gobernador. Es del pueblo.
Y quienes tienen la responsabilidad de administrarlo están obligados a hacerlo con eficacia, y con honestidad.