En puridad el ministerio público tiene el deber y la obligación de investigar, incluso de oficio, los eventuales hechos punibles. El contexto en que se produce la intervención, sin embargo, parece repetir un libreto dictado desde ciertos niveles de influencia política a quienes les molesta que la gente les escupa en la cara su desacuerdo e indignación.
La Constitución de 1992, en su capítulo dos, habla de la libertad. La libertad es un bien tutelado por el Estado. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que la ley no prohíbe, dice expresamente.
Los escraches no están prohibidos, mal que les pese a los nostálgicos de leyes como la 209/70 de “defensa de la paz pública” de la época del stronismo, cuyo objetivo era evitar que la gente expresase sus reclamos, y habilitaba a la policía a reprimir a garrotazos cualquier manifestación pública que desagrade al politiquero de turno.
El escrache es una de las pocas armas que tiene el “común” para exteriorizar su repudio a los actos de corrupción, de desidia, de traición a los intereses colectivos, cometidos por funcionarios públicos o representantes políticos que violentan el deber de compromiso y lealtad con el pueblo.
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Es una forma de hacer justicia ante la impunidad institucional de que se valen aquellos que anteponen sus intereses particulares y sus privilegios, y se burlan del fin supremo de la política, que es trabajar por el bien común.
Si tuviésemos más ciudadanos que se animasen a escrachar a quienes se burlan de la ciudadanía muchos de nuestros politiqueros bajarían considerablemente sus decibeles de prepotencia y corrupción desembozada. Y si tuviésemos ciudadanos formados y con conciencia crítica a la hora de elegir, muchos de nuestros “representantes” no serían votados ni para una comisión de piki vóley, con las disculpas de los amantes de esa modalidad deportiva.
Reivindico el derecho de la gente a manifestarse. Es obviedad tener que decirlo, pero es una garantía consagrada en un sistema democrático, que solamente puede molestar a quienes no quieren entender lo que significa un estado de derecho.